Enclavada en la sierra norte de Puebla, la presa hidroeléctrica de Necaxa, cuna de la industria eléctrica mexicana, se convirtió en el epicentro de una denuncia penal por el presunto robo masivo de energía eléctrica para la minería ilegal de criptomonedas.
En el municipio de Juan Galindo, con menos de 10 mil habitantes, disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusan a la dirigencia sindical de operar granjas clandestinas durante más de un año sin que, hasta ahora, haya consecuencias judiciales.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), quienes aseguran que entre finales de 2023 y principios de 2025 se instalaron equipos especializados de cómputo en inmuebles del SME en Necaxa, Salto Chico y el campamento del kilómetro 153.
Los dispositivos funcionaban día y noche, alimentados por conexiones eléctricas ilegales, según testimonios recabados.
Uno de los puntos más visibles fue la sede de la División Necaxa del sindicato, un edificio de más de cinco mil metros cuadrados, de donde emanaba un constante ruido provocado por cientos de servidores.
En el costado del inmueble, una conexión clandestina a la red eléctrica abastecía las operaciones, situación que fue documentada incluso en imágenes satelitales de mayo de 2024.
De acuerdo con los denunciantes, en enero de 2025 autoridades federales ingresaron a las instalaciones para decomisar los equipos y cortar el suministro irregular.
Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha negado a informar cuánta energía fue sustraída o si el SME cubrió algún adeudo, clasificando esos datos como información reservada.
La querella señala directamente a dirigentes sindicales, entre ellos Martín Esparza, secretario general del SME, a quienes se acusa de asociación delictuosa, robo de energía eléctrica y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los denunciantes sostienen que el sindicato nunca recibió concesión ni autorización para explotar el fluido eléctrico, lo que configuraría un uso indebido de un bien nacional.
Mario Benítez, uno de los promoventes de la denuncia, afirma que el daño económico es millonario.
Señala que sólo en una instalación del Estado de México se estimó un consumo cercano a seis millones de kilowatts en un bimestre, equivalente a más de 16 millones de pesos.
En Necaxa, asegura, la extracción ilegal se prolongó por más de un año.
Los inmuebles utilizados forman parte de los bienes entregados al SME tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Según los disidentes, en lugar de destinarse a fines sindicales o productivos legales, habrían sido empleados para un negocio clandestino altamente lucrativo.
Las condiciones del municipio explican, en parte, el atractivo para el minado de criptomonedas: pago cero de energía eléctrica como forma de resistencia civil y abundancia de agua proveniente de la presa Necaxa, indispensable para los sistemas de enfriamiento.
En marzo de 2024, incluso, se registró un incendio en una propiedad del SME que disidentes atribuyen a una falla en equipos de minería.
Pese a que autoridades estatales confirmaron el desmantelamiento de granjas ilegales, la investigación quedó en manos de la FGR y permanece sin resultados públicos. Mientras tanto, la CFE reconoce pérdidas acumuladas por 290 mil millones de pesos en "pérdidas no técnicas" en los últimos ocho años.
La falta de respuesta de la Fiscalía General de la República ha generado inconformidad entre los denunciantes, quienes advierten que la inacción podría sentar un precedente de impunidad en el uso ilegal de bienes nacionales.
Señalan que, a pesar de tratarse de presuntos delitos federales, no se ha informado de cateos adicionales, aseguramientos complementarios ni citatorios a los señalados en la querella.
Los disidentes también solicitaron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revisar el uso de los inmuebles entregados al sindicato en comodato, al considerar que se violó el objeto para el cual fueron concedidos.
Aseguran que el aprovechamiento de estos espacios para actividades ilícitas podría derivar en la revocación de dichos acuerdos y en responsabilidades administrativas adicionales.