La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la dirigencia estatal en Morelos han presentado una solicitud para destituir a Mireya Gally Jordá, presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), debido a un presunto conflicto de interés derivado de su relación con el asesor de la candidata Lucy Meza, Jorge Messeguer.
La solicitud se basa en una fotografía publicada en redes sociales en la que ambos aparecen juntos en un restaurante de Cuernavaca. Según la denuncia, Gally era esposa de Messenguer y mantenía una relación laboral cercana con él, ya que durante el sexenio del perredista Graco Ramírez, ella fue nombrada rectora de la Universidad Politécnica de Morelos mientras que él fungió como coordinador de campaña del gobernador y secretario de Gobierno.
Ante esta situación, la dirigencia estatal de Morena ha anunciado que exigirá la renuncia de Gally, argumentando un "evidente conflicto de interés" que compromete la imparcialidad en el proceso electoral, dada su relación sentimental con uno de los principales asesores de una candidata al gobierno del estado.
Por su parte, el representante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, ha destacado que estas fotografías revelan la omisión de Gally en la aplicación de la ley con el equipo de Lucy Meza, permitiendo una aparente campaña negativa contra Margarita González Saravia.
En respuesta a estos hechos, el Congreso del Estado aprobó por mayoría un punto de acuerdo para exigir al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) que investigue detalladamente y sancione el origen y destino del financiamiento de prácticas identificadas como "guerra sucia" en perjuicio de la candidatura de Margarita González Saravia.
Además, se ha solicitado investigar los gastos por 17 millones de pesos durante la etapa de intercampaña de Lucy Meza.
El Instituto Nacional Electoral (INE) desempeña un papel crucial en el proceso electoral mexicano, garantizando la transparencia, imparcialidad y legalidad en todas las etapas del mismo.
Entre sus funciones principales se encuentra la organización y supervisión de las elecciones, así como la aplicación de sanciones en caso de irregularidades.
Además, el INE es responsable de velar por el cumplimiento de las normativas electorales y de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. En numerosas ocasiones, ha intervenido en asuntos relacionados con las elecciones para asegurar un proceso justo y equitativo.