Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, marcharon del Ángel de la Independencia al Senado de la República, para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum acate la suspensión que elimina la reforma del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El pasado 17 de octubre, la jueza Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta y al director del DOF, Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de reforma judicial, que se emitió en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo de 24 horas.
Los integrantes del Poder Judicial recalcaron que el no acatar la suspensión generaría una sanción para la Mandataria, ya que es un delito. "Cuándo se ha visto que una Presidenta de la República, le dijera al pueblo de México, que no se preocupen, violen las suspensiones, un juez de distrito tiene una calidad hacia arriba, de acuerdo con el constituyente.
En un juicio de amparo, quien tiene la máxima autoridad es el juez de distrito, si la suspensión dice que tiene que dejar sin efectos esa publicación, lo tiene que hacer, si no comete un delito", afirmó uno de los voceros de la marcha, Rafael Jiménez Carlos, trabajador del PJF.
Explicó que no pueden permitir que los Tres Poderes de la Unión estén contrapuestos: "esto no puede ser posible, nos puede llevar a la caída del país, a la caída de los tres poderes".
Asimismo, puntualizó que se está rompiendo con el artículo 49 constitucional, la división de poderes y se está echando abajo a la democracia en México.
Rafael Jiménez refirió que la reforma judicial pueden echarla abajo, ya que aún guardan la esperanza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitirá el fallo en su contra, al tener facultades para resolver las controversias constitucionales. "Esperamos que lo consigamos, confiamos en los ocho ministros, que antes del 30 de noviembre se logre", expresó Jiménez.
Explicó que, en caso que la Corte decida que la reforma judicial es ilegal e inconstitucional, pero la presidenta tampoco la acate, se perdería por completo el equilibrio de los tres poderes de la Unión.
Al respecto, Carlos Ávila, secretario de juzgado, destacó que es extremadamente grave que la propia autoridad que protestó cumplir y hacer cumplir la constitución, hoy la desconozca.
"Que hoy diga que la va a desobedecer, este es un aviso claro y contundente de sus intenciones y del futuro que quieren para el país", señaló.
También dijo que la desobediencia a los mandatos judiciales es una alarmante señal que debería convocar a todas las fuerzas sociales y de oposición de este país para alzar la voz.
"La Corte debe apresurarse a ser el Máximo Tribunal constitucional, el contrapeso para el cual fue creado por nuestro constituyente originario, y resuelva de una vez por todas la anulación de esta regresiva reforma judicial que nos ha colocado en una crisis constitucional", agregó.
Puntualizó que el amparo es la institución jurídica mexicana como un medio de control constitucional para suspender y anular cualquier acto del Legislativo, del Ejecutivo o de los gobernadores. "Hoy con sus desplantes y declaraciones autoritarias el oficialismo nos quiere quitar a todos los mexicanos nuestro amparo y nuestra justicia cae. Hoy desde el púlpito presidencial y con machotes mal redactados, el oficialismo pretende amenazar y hacer un llamado para que, de facto, el estado de Derecho sea abolido", externó el secretario de juzgado.