Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los llamados superdelegados acumularon un total de 209 denuncias por diversas irregularidades que abarcan desde el uso indebido de programas sociales hasta el nepotismo y el abuso de funciones.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la gran mayoría de estos casos no merecían sanción alguna.
Por lo que la situación pone de relieve la falta de responsabilidad en la gestión de recursos públicos en un entorno marcado por la crítica a la corrupción.
De acuerdo con información obtenida a través de la Ley de Transparencia, 181 expedientes de investigación concluyeron en un acuerdo de archivo, lo que significa que la autoridad no encontró elementos suficientes para acreditar las faltas administrativas denunciadas.
Por otro lado, en 11 casos, la SFP argumentó no ser competente para conocer de los hechos, mientras que otros 16 expedientes permanecen en investigación dentro del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.
El único caso en el que la SFP reportó una sanción fue el del delegado federal que operó en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este dato resalta la impunidad que ha rodeado a los superdelegados en un periodo de amplias reformas sociales.
Los titulares de las delegaciones estatales desempeñaron un papel clave al coordinar y promover los programas sociales federales.
Muchos de ellos, tras su paso por el cargo, buscaron posiciones de poder, como gubernaturas o escaños legislativos. En total, se registraron denuncias en los 32 estados del país, siendo Aguascalientes la entidad con más quejas, acumulando 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
Las denuncias abarcan una variedad de irregularidades, tales como desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y mal uso de la estructura gubernamental con fines electorales.
La SFP ha clasificado los nombres de los delegados como reservados, lo que dificulta la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso de investigación.
Un aspecto interesante es que muchas de las quejas provienen de los propios servidores de la nación o empleados de la Secretaría de Bienestar que han denunciado irregularidades.
Un ejemplo notorio es el caso de una exservidora que acusó al superdelegado en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, de incumplir un acuerdo que le prometía apoyo económico a cambio de su renuncia.
En Puebla, los delegados Rodrigo Abdalá Dartigues y Vida Inés Vargas Cuanalo enfrentaron denuncias por enriquecimiento oculto y abuso de autoridad.
A pesar de que las quejas contra Dartigues fueron archivadas durante su primera gestión, las acusaciones siguieron en su segundo mandato, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles internos en la SFP.
Las quejas contra los superdelegados comenzaron a registrarse poco después del inicio de la administración de López Obrador. Por ejemplo, Juan Carlos Loera de la Rosa, superdelegado en Chihuahua, acumuló 14 denuncias durante su gestión, todas archivadas sin consecuencias.
Loera ha rechazado las acusaciones, asegurando que su trabajo se realizó dentro del marco legal y sin fines partidistas.
Finalmente, el estado de Colima ha sido escenario de varias denuncias, incluida una en contra de Indira Vizcaíno, actual gobernadora, por posibles actos de corrupción en el manejo de los programas sociales.