Constitucionalistas han advertido que el juicio político promovido por el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, carece de sustento jurídico y parece ser más una acción de revancha política.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM, señaló que esta medida parece ser una respuesta al inicio de una investigación en su contra por parte del PJF. Respaldó la actuación de Piña al admitir denuncias anónimas, asegurando que están reguladas por un acuerdo general aprobado durante el mandato de Zaldívar.
En su opinión, la petición de juicio político está fundamentada en términos constitucionales, pero carece de argumentos sólidos para probar la responsabilidad de Piña.
José María Soberanes Díez, profesor de Derecho Constitucional, consideró que se trata de un golpe político-electoral, sin sustento probatorio.
Afirmó que es una revancha por parte de Zaldívar, quien se queja de una denuncia sin pruebas mientras hace lo mismo.
Soberanes Díez recordó que nunca se ha concluido un juicio político en México desde 1917 y destacó que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para destituir a Piña.
Javier Martín Reyes, doctor en Derecho Constitucional y Electoral, coincidió en que el juicio tomó un sesgo político desde que Zaldívar lo anunció junto al presidente nacional de Morena.