La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el asesinato del delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, podría estar vinculado al combate contra el robo de hidrocarburos, lo que ha generado preocupación entre especialistas en seguridad.
Consideran que este tipo de ataques demuestra que el huachicol ha dejado de ser un delito meramente nacional.
El funcionario fue asesinado a balazos luego de que su vehículo fuera atacado con una granada en Reynosa.
Este uso de explosivos, según la doctora Yuriria Rodríguez, podría justificar que Estados Unidos catalogue a estos grupos como organizaciones terroristas. Mencionó también que grupos como el Cártel del Golfo y Los Zetas han estado detrás del robo de combustible en la región desde hace años.
Alexei Chévez, consultor en seguridad, destacó la trayectoria del delegado y cuestionó por qué viajaba en una camioneta de lujo sin blindaje, en lugar de utilizar un vehículo oficial protegido.
Advirtió que tácticas como las empleadas en este asesinato suelen estar asociadas al CJNG, pero podrían estar siendo imitadas por otros cárteles.
Por su parte, Víctor Hernández Ojeda, del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, llamó a ser cautelosos antes de asumir que el homicidio está directamente ligado a su labor, aunque el uso de explosivos sí podría sugerir la participación del crimen organizado. Recalcó que aún deben considerarse otras líneas de investigación.
El académico en seguridad nacional de la Universidad Panamericana coincidió en que no se deben descartar otros móviles, como un conflicto personal.
Criticó además la narrativa oficial que intenta justificar los ataques como "señales de éxito" en la estrategia de seguridad, una lógica que considera peligrosa y repetitiva desde gobiernos anteriores.
Finalmente, los especialistas coinciden en que el caso evidencia fallas graves en la protección a funcionarios de alto nivel en zonas de riesgo.
El hecho de que el delegado no tuviera escolta ni viajara en un vehículo blindado refleja, aseguran, una falta de planeación en materia de seguridad institucional.