En su primer periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra politizó al organismo para lanzarse contra instituciones del Estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hasta contra periodistas. En cinco años, la ombudsperson ha emitido alrededor de 200 pronunciamientos y más de 30 han sido contra instituciones del Estado al considerar, en la mayoría de las ocasiones, que su función al frente el organismo es atacada.
Exintegrantes del Consejo Consultivo de la CNDH aseguraron que la politización de la comisión fue motivo para que difundieran comunicados para rechazar el uso del organismo para atacar a quien se pronunciara sobre sus yerros. "Si bien no podemos afirmar que en México hayamos tenido un ombudsperson independiente, lo que pasa actualmente es inverosímil. Nunca antes en la historia de la CNDH su titular se había descarado tanto para defender al oficialismo, como Rosario Piedra Ibarra.
Ha convertido al organismo en trinchera política, traicionando la autonomía del organismo y su genuina función como órgano garante de los derechos humanos en el país", dijo Adalberto Méndez López, miembro del Consejo Consultivo de diciembre de 2021 a octubre de 2023.
El abogado y consultor internacional en materia de derechos humanos y empresas señaló que la afinidad política de Ibarra era tan evidente "que lo manifestamos en sesiones de Consejo. De hecho, de esto hay evidencia en las actas. Cuestionamos la cercanía con el gobierno. Una de las principales evidencias fue nuestro comunicado que hicimos en su momento respecto a la recomendación general sobre violaciones de derechos humanos en el pasado. Y entonces lo que mencionamos fue que Rosario estaba tergiversando el contenido de esa recomendación general".
Desde la perspectiva de los exconsejeros, la ombudsperson se ha esforzado por no contravenir las decisiones del Ejecutivo federal.
Para muestra recordaron el rechazo de Piedra Ibarra para presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas para que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa o la del Poder Judicial. "Tanto de la iniciativa como del dictamen aprobado en el Senado, el Ejecutivo federal y una mayoría de integrantes del Congreso de la Unión asumen la existencia de una crisis de inseguridad y violencia", argumentó.