Contrario a lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se ha reducido el robo de combustibles, conocido como huachicol, cifras en poder de EL UNIVERSAL arrojan que este ilícito ha crecido 117% en lo que va del sexenio respecto al mismo periodo de la administración anterior, de Enrique Peña Nieto.
Los datos entregados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de Transparencia muestran que de diciembre de 2018, cuando inició este gobierno, a octubre de 2023, es decir las cifras más recientes, se han registrado 62 mil 441 tomas clandestinas a ductos donde se transporta gasolina, diesel y gas licuado de petróleo (LP), entre otros.
En contraste, en el mismo lapso de la administración de Peña Nieto, Pemex reportó 28 mil 835 perforaciones ilegales, lo que significa un crecimiento de 117%.
De acuerdo con la información, destaca el crecimiento de las pinchaduras a ductos de gas LP, las cuales totalizaron 451 en el periodo referido del sexenio anterior, pero en el gobierno actual ascienden a 10 mil 662, es decir 24 veces más.
Mientras tanto, el presidente López Obrador ha asegurado recientemente en sus conferencias matutinas que el desvío de combustibles hacia el mercado ilegal se ha reducido en más de 90%.
Pemex fue consultado por este diario sobre la discrepancia entre los datos que hace públicos a través de la plataforma de Transparencia y los que presenta AMLO, pero no se recibió respuesta al cuestionamiento.
PROBLEMA INTRINCADO
Expertos señalan que este crecimiento de las tomas clandestinas es producto de la falta de voluntad de las autoridades a implementar nuevas tecnologías en contra de los grupos criminales interesados en robar combustibles, así como de la falta de ratificación de denuncias por parte de funcionarios públicos.
Esto último porque no se da seguimiento, no hay detenidos o, si los hay, no son sentenciados, lo que supone una puerta giratoria, incluso cuando el robo a combustibles es considerado desde esta administración como un delito grave y federal, con prisión preventiva oficiosa.
"El huachicol es un termómetro del Estado de derecho, y hay regiones del país que están controladas por el crimen organizado. Los funcionarios de Pemex están en un estado de indefensión, pues cuando denuncian los ilícitos, reciben amenazas en contra de ellos y de sus familias", recalcó Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, consultora del sector energético.