La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que Javier Gutiérrez Becerril, exsubdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante la administración de Enrique Peña Nieto, debe mantener la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos que le fue impuesta en 2023.
Esto debido a supuestas irregularidades en contratos de gas natural licuado adjudicados en 2016.
Gutiérrez Becerril promovió un amparo contra su inhabilitación por diez años efectuada en 2023, pero al no ser localizado se solicitó el emplazamiento por edictos en el Diario Oficial de la Federación.
El exfuncionario impugnó la constitucionalidad del artículo 209, fracción II, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que votaría a favor de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo, respecto del artículo 209, fracción II, tercer párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"En efecto, el precepto reclamado no resulta inconstitucional al no prever que se deba notificar personalmente la declaratoria de incompetencia del tribunal, porque esa resolución no define la situación jurídica del presunto responsable
"Y no afecta su defensa, pues el derecho a probar y alegar, deberá ejercerlo ante la autoridad competente para resolver el procedimiento, y una vez que aquella resuelva sobre la acreditación de las faltas y la responsabilidad del servidor, este podrá controvertir en su caso, la competencia de la autoridad resolutoria", expresó la ministra.
La resolución de la SCJN mantiene vigente la sanción administrativa impuesta al exfuncionario, quien no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público durante el periodo establecido. La determinación forma parte de las acciones para sancionar posibles faltas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
El caso deriva de una investigación relacionada con contratos de suministro de gas natural licuado adjudicados durante 2016, en la que autoridades señalaron presuntas irregularidades. Con el fallo de la Corte, queda firme la medida de inhabilitación mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.