En al menos nueve estados del país, el crimen organizado ha implementado un control sistemático sobre los precios de la canasta básica, materiales de construcción y otros productos esenciales, afectando directamente a la población y a los comercios locales.
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco son las entidades donde los pobladores y empresarios denuncian la imposición de tarifas elevadas por parte de las bandas criminales.
El modus operandi consiste en obligar a los negocios a comprar mercancía robada o distribuida por los grupos delictivos, quienes además controlan la venta y elevan los precios para obtener ganancias.
En algunas regiones, como el Edo. de México, estas organizaciones han creado redes de comercios ilegales para distribuir sus productos, asegurando así su hegemonía en el mercado local.
En Michoacán, campesinos de Tierra Caliente denuncian que cárteles como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el CJNG concentran el suministro de refrescos, cerveza, abarrotes y carne.
Los comerciantes deben adquirir los productos en bodegas controladas por los criminales y pagar cuotas obligatorias, bajo amenaza de sufrir agresiones o incluso la muerte.
Esta situación encarece los productos: un kilo de arroz que cuesta 20 pesos llega a venderse en 25, y la carne de 200 pesos se ofrece entre 230 y 240 pesos.
La problemática también se extiende a Guerrero, donde bandas como Los Granados y Los Ardillos fijan los precios e incluso crean negocios ilícitos que abarcan desde bares hasta transporte público.
En Tamaulipas y Veracruz, los propietarios de negocios y transportistas deben pagar cuotas obligatorias, lo que repercute en el aumento de los costos de la canasta básica y el transporte local, afectando directamente la economía de las familias.
Productores y comerciantes de Durango, Oaxaca y Tabasco denuncian que la extorsión es constante y que, ante amenazas, muchos se ven obligados a cerrar sus negocios o vender sus productos a precios muy por debajo de los establecidos, lo que provoca pérdidas económicas significativas.
Los métodos de intimidación incluyen robo de mercancía, amenazas directas e incluso cobros semanales o mensuales para poder operar.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, asegura que la extorsión es un problema consolidado en el país que creció tras la fragmentación de los grandes cárteles a partir de 2013.
"La extorsión se ha vuelto más frecuente y a menudo se acompaña de secuestros, homicidios y desapariciones, ya que el terror es parte del mecanismo para mantener este delito vivo", subrayó.