A casi once años de la desaparición forzada de sus hijos, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa mantienen firme su exigencia: justicia real, no simulaciones.
Este martes, volverán a Palacio Nacional para reunirse, por cuarta ocasión, con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el marco de la marcha global por Ayotzinapa, realizada este fin de semana en la Ciudad de México, las familias confirmaron este nuevo encuentro, en el que insistirán en que el gobierno avance con seriedad en las investigaciones y dé con el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Durante la movilización, que partió del Ángel de la Independencia y concluyó con un mitin en el Hemiciclo a Juárez, los familiares señalaron que recientes acciones del gobierno —como la deportación desde Estados Unidos de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Wereke— parecen apuntar nuevamente a la desacreditada "verdad histórica" del basurero de Cocula.
Mario González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos, advirtió: "Desafortunada-mente están retomando líneas que ya fueron desmentidas.
No vemos avances en lo importante: en los archivos del Ejército, en los tomos ocultos, en las conversaciones interceptadas que ellos mismos hackearon".
Los padres demandan que el Ejército entregue los 800 folios que guarda con información clave y que se investiguen las llamadas interceptadas entre el exsecretario de Seguridad Francisco Salgado Valladares y el exlíder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, donde se menciona el traslado de al menos 17 estudiantes a un sitio conocido como Loma de Coyotes.
Durante la marcha, portando las imágenes de sus hijos colgadas al pecho, los padres realizaron el ya tradicional pase de lista en el antimonumento +43, acompañados por estudiantes normalistas y colectivos solidarios.
La jornada culminó con un mitin en el que, además de exigir justicia, reiteraron su petición para que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo consideran fundamental para avanzar en la verdad del caso.
A casi once años, la herida sigue abierta, y las familias no están dispuestas a permitir que se cierre con mentiras.