El organismo civil Propuesta Cívica rechazó la persistente criminalización del periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita León", detenido el pasado 24 de diciembre al ser acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
"La permanencia de otras acusaciones y la imposición de prisión domiciliaria por un año constituyen una clara continuación de la persecución contra el ejercicio legítimo del periodismo en el estado de Veracruz", expresó la ONG en un comunicado.
Destacó que la Fiscalía General de Veracruz utilizó las coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad como "prueba" de delitos, argumentando que su eficiencia al arribar a los hechos constituía un indicio de conocimiento previo de actividades criminales.
El juez de control determinó que no existía vínculo alguno entre Rafael León y estructuras delictivas, desestimando completamente la acusación por terrorismo. Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Propuesta Cívica consideró que detrás del cargo por terrorismo, se encuentra una problemática más amplia: la clara intención de suprimir el periodismo crítico.
Las acusaciones se basaron principalmente en la declaración de un "testigo protegido" cuyas declaraciones presentan contradicciones evidentes y fueron recabadas con graves irregularidades procedimentales.
Rafael León ha sido objeto de múltiples investigaciones infundadas anteriores, daños a su vehículo y presunta investigación intrusiva de cuentas familiares, directamente vinculados a su cobertura de violencia y crimen organizado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado seguimiento puntual del caso, instando a las autoridades a garantizar las garantías judiciales y el debido proceso, registrando los reportes públicos sobre la detención y manifestando que continuará monitoreando de cerca el caso.