La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una jurisprudencia que establece que los jueces, magistrados y ministros deben ser designados por sus competencias profesionales e idoneidad, y no mediante el voto popular, como se propone en la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena.
A través de al menos 15 sentencias de casos contra países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras, Chile, Perú, Paraguay y El Salvador, la CIDH ha abordado diversos aspectos relacionados con los nombramientos de los jueces, la independencia judicial, las garantías en los procedimientos de disciplina judicial, la estabilidad en el cargo y la destitución de los magistrados, entre otros temas.
La propuesta de reforma judicial presentada por Obrador en febrero de 2024 plantea la elección por voto popular de diversos cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN y magistrados de diferentes instancias, lo cual contradice las directrices establecidas por la CIDH.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), magistrado Daniel Sánchez Montalvo, ha advertido que la reforma judicial propuesta podría vulnerar el principio de división de poderes.