OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.- A partir de 1972, miles de indígenas chinantecos fueron desplazados forzosamente por el gobierno federal para la construcción de la presa Cerro de Oro, en el municipio de San Lucas Ojitlán, región Cuenca del Papaloapan; 50 años después, continúa su lucha para que el gobierno federal cumpla con su promesa de entregarles nuevas tierras. De acuerdo con el sociólogo de la UNAM, Joel Rojo Horta, el decreto data de 1972, cuando Luis Echeverría Álvarez era presidente de la República; en el documento se expropian diversos núcleos agrarios de la población indígena chinanteca. Las promesas del gobierno federal fueron la entrega de nuevos terrenos en los que podrían continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras. Sin embargo, Joel Rojo explica que de las 260 mil hectáreas entregadas en el Uxpanapa, "90% no son aptas para la agricultura, sólo para la cría de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente [los chinantecos] no desarrollaban".
SIN TIERRAS Y SIN PAGO
La diputada federal Irma Juan Carlos señala que desde hace algunos años, el Comité Prodefensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Chinantecos Desplazados por la presa Cerro de Oro ha insistido ante diferentes instancias del gobierno federal, para que atiendan sus demandas y cumplan con sus promesas. Sus reclamos actuales, precisa la legisladora, se basan en que fueron reubicados en tierras que no son aptas para la actividad agrícola, no se les dotó de las cantidades que se les prometió, la calidad que se les dio es muy inferior a la que tenían y/o casi inservible para la siembra, y no cuentan ni se les dotó con sistemas de riego, porque en muchos poblados carecen de agua y, en otros, sus tierras se inundan y quedan inservibles. Tampoco se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de los casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan. Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no les pagaron de forma adecuada las prestaciones a las que tenían derecho. A lo anterior se suma que del extinto Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fonafe), ahora Fideicomiso para el Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fifonafe), quedaron pendientes pagos individuales y de bienes comunes. Mientras que las viviendas de las que se les dotó carecen de lo básico, ya que sólo en algunos casos se las dieron con servicio de drenaje y agua; no hay electrificación ni caminos carreteros. Por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación, en su gran mayoría sólo se hizo de forma documental, puesto que físicamente nunca se entregó el material y en otros casos sólo fue parcial. "A lo anterior se suma que actualmente muchos de los expropiados viven en la incertidumbre jurídica, debido a que no se les entregó su certificado parcelario que les acredita la calidad de ejidatarios. A otros tantos se les desconoció completamente la calidad de ejidatarios, debido a la migración de lugares a los cuales fueron enviados por los representantes de la Comisión del Papaloapan", agrega Irma Juan Carlos. El comité prodefensa ha realizado múltiples gestiones que culminaron con la instalación de mesas de trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria, con sede en la Ciudad de Tuxtepec. Posteriormente, en las instalaciones del Centro Coordinador del INPI en Tuxtepec se han seguido desarrollando estas reuniones. En esas mesas que iniciaron en noviembre de 2019, se comenzó con la revisión de los expedientes indemnizatorios de los expropiados, así como de los libros que la Comisión del Papaloapan integró cuando realizaron el proceso expropiatorio e indemnizatorio