La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población es el resultado de un trabajo conjunto entre familiares, colectivos, organizaciones civiles y autoridades.
Este esfuerzo colaborativo busca fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México, consolidando el papel de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como coordinadora principal.
Una innovación clave de la reforma es la incorporación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que incluye datos como fotografía y huellas dactilares, lo que facilita la emisión de alertas rápidas y búsquedas efectivas.
También se creó la Plataforma Única de Identidad, conectada con diversos registros oficiales, que permite detectar casos de desaparición en tiempo real mediante la CURP.
Se estableció además la Base Nacional de Carpetas de Investigación para personas desaparecidas, que recopila datos esenciales como número de carpeta, nombre, CURP, lugar y fecha de desaparición, presuntos responsables y acciones emprendidas.
La reforma obliga a las autoridades a registrar inmediatamente cualquier denuncia y a entregar el número de carpeta a los familiares, mejorando la transparencia y seguimiento.
En materia forense, la reforma obliga a los servicios periciales a realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas de oficio antes de cualquier inhumación, con resultados que deben incorporarse al Banco Nacional de Datos Forenses en un máximo de 72 horas hábiles.
Esto garantiza una identificación más rápida y precisa de cuerpos y restos no identificados.
Además, la reforma fortalece el papel de las fiscalías especializadas y mejora la coordinación entre autoridades federales, estatales y el Sistema Nacional de Búsqueda. Reconoce formalmente la participación de las familias como víctimas, incluyendo la protección de sus derechos y la implementación de protocolos de seguridad para quienes participan activamente en los procesos de búsqueda.
Se establecen también sanciones para autoridades que no actúen con prontitud ante reportes de desaparición o incumplan con la integración de datos biométricos, buscando garantizar la responsabilidad institucional en la atención a estos casos.