A través de un comunicado, recordó que esta situación afecta a la industria, el turismo y la imagen del país ante el mundo, aunado a que altera los corredores de exportación hacia Estados Unidos, pues trasladan 83.3% del valor de las importaciones y exportaciones entre nuestro país y el vecino del norte, lo que obliga a las cadenas de suministro a modificar su logística en busca de seguridad.
Detalló que el nearshoring o relocalización de plantas productivas se verá afectado porque la ola de violencia e inseguridad en carreteras ahuyenta la inversión extranjera directa (IED), ya que la certeza jurídica, el Estado de derecho y la seguridad son los principales elementos que hacen un mercado atractivo para invertir, puntualizó.
"No podemos tolerar que cada día 46 transportistas sean asaltados; muchos de ellos heridos, secuestrados, desaparecidos y hasta muertos, mientras que las corporaciones policiacas y los tres niveles de gobierno se ven rebasados y sin coordinación efectiva ante las denuncias por este grave problema", dijo.
De acuerdo con cálculos de las empresas afectadas, indicó, la pérdida anual es de 7 mil millones de pesos y la mercancía que se roban acaba en el mercado informal y sin control.
"Es constante la denuncia de los representantes de transportistas porque la Guardia Nacional no hace los rondines necesarios en los 177 mil kilómetros que tiene la red carretera en México", señaló.
La responsabilidad del Estado es proteger la vida de las personas, por ello, no podemos permitir que la delincuencia y sus efectos que son nocivos para toda la sociedad sean parte de la cotidianidad, ya que los transportistas se ven obligados a invertir en mecanismos de protección, costo que se traspasa al consumidor final.
La diputada presidenta subrayó la importancia del sector del autotransporte de carga que aporta 3.5% del Producto Interno Bruto y contribuye con 52.7% del PIB logístico; atiende a 101 ramas de la economía y de él dependen directa e indirectamente aproximadamente seis millones de familias.