El pleno del Senado de la República alista la aprobación de una reforma que busca frenar el éxodo de más de 30 mil menores a las filas del crimen organizado en México en labores de halconeo, sicarios y distribuidores de drogas, aumentando las penas para quienes obliguen a niños y adolescentes a esas actividades con penas de entre 30 y 60 años.
Ello luego de que la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, avaló a un proyecto que busca combatir el uso de menores de edad, por parte de la delincuencia organizada, para cometer actividades ilícitas.
El dictamen incluye una reforma a la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar que las penas previstas en el artículo 4 de dicho ordenamiento aumentarán hasta en una mitad cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiera la Ley, o se les involucre, con cualquier grado de intervención, en su ejecución.
Es decir, las penas por enrolar menores en cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas será de entre 30 y 60 años de prisión.
La reforma argumenta que "los grupos de la delincuencia organizada han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas".
La asociación civil "Reinserta", cuya finalidad es romper los círculos de delincuencia en el país y lograr la reinserción social y familiar de expresidiarios, agregaron, "estima que 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos son reclutados por el crimen organizado", a través del alistamiento forzoso y voluntario de los menores.