El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 417 votos a favor y 36 en contra, la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional, que establece imponer prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en el delito de terrorismo.
La modificación a la Carta Magna también contempla que se le impondrá la misma pena a cualquier nacional o extranjero que esté involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilegal de armas al territorio nacional.
La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, derivado de los vuelos de espionaje realizados por el gobierno de Estados Unidos en territorio nacional, establece en la Constitución que "tampoco consentirá la intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano".
Al respecto, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional señaló: "Hoy, debemos demostrar al resto de las naciones que los mexicanos estamos unidos y que no permitiremos las injerencias de un país, por más amigo que éste se diga".
Por el contrario, la diputada Teresa Ginez (PAN) afirmó que "esta reforma se queda muy corta", y señala amenazas exteriores, cuando "el enemigo más devastador para la soberanía nacional ha surgido de nuestro propio suelo, la delincuencia organizada no ha necesitado ejércitos de invasiones formales, para doblegar territorios enteros, con controlar gobiernos municipales e implementar su propia orden, anulando de facto el poder del Estado Mexicano.
"Mientras el discurso oficial aún proyecta al enemigo como un agente externo, la realidad contemporánea muestra que la principal amenaza está en casa, ignorar esta situación equivale a cerrar los ojos ante la verdadera crisis que enfrenta México, minimizando así la capacidad real del país para proteger su soberanía nacional", afirmó.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) afirmó que la reforma constitucional es "un ejercicio narrativo sin sustento ni asidero alguno", que utiliza el gobierno federal y su partido para realizar propaganda.
En su turno, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, dijo que 75% de armas ingresadas ilegalmente a nuestro país, llegan a manos de miembros del crimen organizado; y éstas, "cada vez más sofisticadas y poderosas, han llevado a otros niveles de violencia y peligrosidad.
"La reforma que hoy votamos también hay que leerla a la luz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Hoy, a consecuencia de ello, las armerías que vendan armas a los cárteles tendrán que ser investigadas penalmente, se les congelarán sus cuentas bancarias, y esas tendrán que dejar de vender el armamento a los cárteles y a los grupos criminales, considerados como terroristas", dijo en tribuna.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) destacó que se está ampliando el catálogo del artículo 19 para incorporar más delitos a la prisión preventiva oficiosa, pero viola los derechos humanos y es ineficaz para resolver los problemas de seguridad.
"El problema de la soberanía no viene solo de las amenazas externas, también se vulnera cuando el Estado pierde el control sobre regiones enteras del país y permite que la delincuencia imponga sus propias reglas", aseguró.
La diputada Marian Durán Alarcón (PT) aseguró que esta reforma no es una simple modificación legal, sino un acto de dignidad social, "porque la soberanía no es una palabra vacía, es el derecho inquebrantable de nuestro pueblo para decidir nuestro futuro, sin injerencia de potencias extranjeras, sin golpes de Estado disfrazados de ayuda, sin presiones económicas que no nos condenen a la sumisión. México no permitirá intervenciones extranjeras ni que se decida sobre nuestra seguridad".