Los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.
Quedó avalada por 25 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, así como tres abstenciones por parte del PRI, en medio de cuestionamientos por el riesgo de que cerca de 500 presos sentenciados por extorsión en varios estados, donde las penas son mayores de las que establece la nueva ley, queden en libertad.
En la exposición de motivos, la iniciativa explica que de 2019 a 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra un incremento del 20.8% en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, mientras que el 57.8% de los casos de extorsión a nivel nacional, considerado ya como un delito de alto impacto, se concentran, principalmente, en cuatro entidades federativas: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.