Entre posturas divididas, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio luz verde al INE para que pueda continuar con la organización de la elección del Poder Judicial, al advertir que de suspenderse pondría en riesgo el proceso y que es contrario a la Constitución.
Con una votación de tres votos a favor de Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, y en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, se emitió una acción declarativa que establece que el INE no puede detener sus actividades sobre la elección judicial, pese a los amparos concedidos por jueces.
El pasado 4 de octubre, la Secretaría Ejecutiva del INE solicitó a la Sala Superior pronunciarse vía acción declarativa para garantizar las actividades relacionadas con la elección judicial, ante las suspensiones concedidas por jueces para detener el proceso.
"No es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que quedan intocadas en esta sentencia esas determinaciones", señala el proyecto aprobado.
El magistrado de la Mata, quien presentó el proyecto, subrayó que en ningún momento se confirma o revoca alguna suspensión de amparo, sino que se trata de una acción declarativa que permita al INE continuar con el proceso electoral.
En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora consideró que la resolución del asunto debería aplazarse hasta que la Suprema Corte resuelva los distintos asuntos relacionados con la reforma al Poder Judicial.
"En caso de no aplazarse esta resolución estaríamos adoptando una de sus decisiones, prejuzgando sobre lo que determine la Suprema Corte de Justicia respecto justamente del tema de competencias que ha sido planteado ante el pleno del más alto tribunal constitucional", advirtió.
El magistrado Reyes Rodríguez sostuvo que la acción declarativa interpuesta por el INE es improcedente y señaló que estas suspensiones no generan incertidumbre o una situación por la que deba pronunciarse el TEPJF, sino que se trata de mandatos judiciales. Alertó que "permitir este uso de la acción declarativa sentaría un precedente que implicaría que cualquier autoridad puede acudir a esta Sala Superior, cualquier autoridad electoral, para obtener pronunciamientos que le permitan desconocer resoluciones judiciales que considera adversas".
En las posturas a favor, la magistrada presidenta Mónica Soto consideró que "se actualiza una situación extraordinaria que justifique la necesidad de que se emita una acción declarativa dirigida a dar certeza a la propia autoridad, a los contendientes y a la ciudadanía en general respecto a la manera en que debe proceder en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales".
Subrayó que esta declaratoria se refiere de manera exclusiva a definir si el INE debe o no pausar o detener su actuación.