PUEBLA, Pue.- La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cometió diversas irregularidades administrativas y financieras durante el ejercicio fiscal del 2020, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano auditor determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177 millones de pesos, según el informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, monto que representa el 4.6 por ciento de la muestra auditada.
Las auditorías practicadas a la casa de estudios, determinaron que infringió la normativa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, así como del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; y de los Contratos Colectivos de Trabajo, entre otros.
Las revisiones detectaron que la BUAP pagó de manera irregular por concepto de 21 prestaciones no ligadas al salario un total de 28 millones de pesos, los cuales no estaban autorizadas en los contratos colectivos de trabajo ni autorizadas para su pago.
Ante la falta de solventación, el organismo auditor consideró que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28 millones 383 mil pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación.
Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores de las bases de nómina y de la percepción, se encontró que la casa de estudios pagó en exceso por concepto de "Estímulo al Desempeño de Personal Docente" un total de 84 millones de pesos, sin que aclarara el motivo por cual lo hizo.
En 2 contratos de prestación de servicios para el "Programa de Seguros Institucionales para la Universidad Autónoma de Puebla por 19 millones de pesos, la BUAP no contó con el expediente del procedimiento de Licitación Pública Nacional, por lo cual la Contraloría General de la Benemérita Universidad inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
En la Licitación Pública Nacional para la prestación del "Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio, Análisis Clínicos, Serología, Perfiles Hormonales y Tiroides para el Hospital Universitario de Puebla" por un monto de 33 millones de pesos, se verificó que la BUAP no cumplió con el plazo establecido para la presentación y apertura de proposiciones y que asignó el contrato con la empresa adjudicada sin contar con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, la documentación legal y administrativa ni la garantía del cumplimiento del contrato.
La BUAP destinó recursos para el pago por concepto de becas un importe de 51 millones de pesos, de los cuales no emitió el comprobante fiscal a nombre de cada uno de los beneficiarios de la percepción entregada.
Y aunque la Contraloría General de la Universidad inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, para la ASF no fue suficiente para atenderse la observación, por lo que ordenó al Servicio de Administración Tributaria audite a la Universidad Autónoma de Puebla.
Con la revisión de los auxiliares contables, la balanza de comprobación y los estados de cuenta bancarios y de una muestra de 24,364.3 miles de pesos del importe pagado por concepto de becas.
Se corroboró que la BUAP pagó a 638 beneficiarios recursos por concepto de becas, de los cuales 629 corresponden al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); sin embargo, la no acreditó que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa para otorgar la beca, a los cuales les pagó 23 millones 992 mil pesos.
A pesar del presunto daño patrimonial y las graves irregularidades, la ASF determinó que la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio.
El órgano auditor determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177 millones de pesos
ASF detecta daño patrimonial por 177 mdp en la BUAP
El órgano auditor determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177 millones de pesos