iudad de México.- Rosario Rodríguez Barraza, una madre que buscaba a su hijo desaparecido ha sido asesinada, convirtiéndose en la tercera víctima de este tipo en el país desde 2001.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, identificó el miércoles a la mujer como Rosario Rodríguez Barraza.
“Lamento profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos”, escribió el gobernador en sus cuentas de redes sociales.
Paloma Sánchez, diputada de Sinaloa, dijo que Rodríguez Barraza fue secuestrada cerca de su casa y asesinada el martes, el Día Internacional de los Desaparecidos, que en México fue conmemorado con marchas y protestas.
El motivo de los asesinatos sigue sin estar claro, ya que la mayoría de los voluntarios que buscan restos humanos aseguran públicamente que no pretenden hallar evidencia para condenar a los responsables.
Los equipos voluntarios de búsqueda, usualmente conformados por las madres de los más de 100.000 desaparecidos en el país, dicen que sólo quieren encontrar los restos de sus seres queridos para darles un entierro adecuado.
En un video publicado por “Hasta Encontrarles”, otro grupo de búsqueda, se escucha a Rodríguez Barraza diciendo: “Yo busco a mi hijo, no busco a culpables”.
Su hijo, Fernando Ramírez Rodríguez, no ha sido visto desde que fue secuestrado en la localidad de La Cruz, Sinaloa, en octubre de 2019.
Rodríguez Barraza dijo que hombres armados a bordo de un vehículo blanco secuestraron a su hijo, que entonces tenía 20 años.
Desde entonces, a pesar de llevar a cabo su propia investigación y de presentar evidencia a la fiscalía, no había recibido ninguna noticia sobre él.
“Traje videos, traje testigos y, hasta la fecha, pues no me han resuelto nada”, dijo al referirse a la fiscalía.
Se cree que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por cárteles del narcotráfico, quienes se deshacen de los cuerpos en fosas poco profundas, los disuelven en ácido o los queman.
Los grupos dedicados al tráfico de drogas o al secuestro suelen usar los mismos sitios una y otra vez, creando fosas comunes.
Los buscadores, y los policías que en ocasiones los acompañan, se concentran en encontrar las fosas e identificar los restos, y no en recabar evidencia sobre cómo murieron o quién los mató.
En ocasiones los grupos de búsqueda reciben información anónima sobre el lugar en el que hay cuerpos enterrados, información que probablemente sólo sabrían los asesinos o sus cómplices.
Pero los voluntarios, en su mayoría mujeres, a menudo relatan que reciben amenazas o son vigiladas, presumiblemente por las mismas personas que asesinaron a sus hijos, hermanos y esposos.
En 2021, en Sonora, la buscadora Aranza Ramos fue encontrada sin vida un día después de que su grupo de búsqueda localizó una fosa que aún humeaba. Semanas antes, el activista Javier Barajas Piña fue asesinado a disparos en el estado de Guanajuato.
Un grupo de colectivos de búsqueda emitió un comunicado el miércoles en el que exige protección para las madres que integran estos grupos.
“Ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijos e hijas”, escribió la coalición. “Al contrario, el estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas. En tanto, miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando”.