El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confió en que el gobierno federal dará protección a aquellas personas candidatos a juzgadores que lo soliciten, ante el clima de violencia que se vive en el país.
En entrevista, señaló que "eso no puede descartarse (porque) eso ha sucedido en procesos electorales anteriores", aunque confió en que un escenario de violencia no empañe la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.
No obstante, reconoció que "sí hay una situación difícil en algunos puntos del país y ese riesgo siempre existe".
"Yo creo que nuestro gobierno estará muy atento de si alguna de las personas que aspiran, requiere de alguna protección especial como se hizo en el caso de los candidatos en el proceso electoral de este año, se otorgue, yo más bien eso creo que es lo que procedería, más que plantear alguna cosa en otro sentido", citó.
El senador Fernández Noroña reconoció que esta "es una preocupación atendible, porque ha sucedido en el proceso constitucional".
Insistió en que "si de esa lista final, no tengo la menor duda, si alguna de las personas que aspiran solicita protección por las razones que argumente, de que su integridad está en riesgo, será otorgada, no tengo.
INE no instalará casillas, sino centros de votación
Con centros de votación en lugar de casillas y menos capacitadores electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) conducirá la primera votación para renovar el Poder Judicial, luego de que la Cámara de Diputados aprobó un recorte presupuestal de 13 mil millones de pesos que obliga al instituto a reajustar la planeación de los comicios.
Esta reducción presupuestal impide que el INE pueda instalar las 170 mil casillas que se usaron en la elección federal de 2024, por lo que estiman a cambio 80 mil centros como cifra preliminar, señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
En conferencia de prensa, sostuvo que los 13 mil millones de pesos que solicitaron contemplaban la contratación de más de 52 mil supervisores y capacitadores electorales, pero la cifra deberá ser menor en este escenario.
La Cámara de Diputados aprobó un recorte al instituto por 13 mil millones de pesos, por lo que, sin contar las prerrogativas de partidos políticos, quedaría con alrededor de 20 millones para la elección judicial y su gasto operativo ordinario.
De esta cantidad, 4 mil millones del recorte corresponden al presupuesto precautorio para una consulta popular, que finalmente no se solicitó y no afecta esta planeación. Por tanto, la reducción real sería de alrededor de 9 mil millones de pesos, el más alto en su historia.
Una vez que se realice el análisis presupuestal, las consejerías valorarán la solicitud de una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la revocación de mandato.