El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma por la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afore y no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como de los pagos de adeudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.
El dictamen se aprobó en lo general por mayoría de 252 votos por parte de Morena, PT y PVEM, y 212 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, así como cuatro abstenciones.
El debate se retomó el lunes en punto de las 14:22 horas, luego de que el pasado miércoles la sesión quedó suspendida por un "error", cuando el dictamen a discusión era distinto al que había aprobado la Comisión de Seguridad Social.
Al inicio del análisis, la diputada de Morena Angélica Ivonne Cisneros Luján fundamentó el proyecto y aseguró que "el dictamen tiene como objetivo que los trabajadores puedan jubilarse al 100% con el salario base que tenían al inicio de su entrada en labores".
En su oportunidad, los diputados José Juan Barrientos Maya, del PRD; María Fernanda Félix Fregoso, de MC; Yolanda de la Torre, del PRI, y Éctor Jaime Ramírez, del PAN, presentaron mociones suspensivas a fin de evitar la aprobación de un dictamen que, recalcaron, "busca desaparecer los ahorros de los trabajadores". Todas fueron rechazadas.
Según la minuta, el Fondo de Pensiones para el Bienestar estará integrado por unos 40 mil millones de pesos que el gobierno federal tomará de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afore y no reclamen sus recursos antes de esa edad.
A su vez, también se estableció tomar recursos de la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y del pago de adeudos al ISSSTE por cuotas y aportaciones de los estados, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales, así como los ingresos de la enajenación de inmuebles propiedad del mismo instituto y los ingresos pagados por los créditos fiscales federales propios que realicen las entidades federativas, sus municipios o cualquiera de sus entes públicos.