CIUDAD DE MÉXICO.-Por violaciones al procedimiento legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral, impugnada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
En su proyecto de sentencia, derivado del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un "cúmulo de irregularidades y violaciones" a los reglamentos internos.
El presidente de la Segunda Sala determinó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó una "transgresión al principio de deliberación democrática".
"Ante la gravedad de tales infracciones en conjunto", el ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas, "por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular".
Se requiere de una mayoría de ocho votos para que la propuesta del ministro sea aprobada por el Pleno de la SCJN. El proyecto se tiene agendado para debatirse en el Pleno el 8 de mayo.
En febrero de este año, Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contra el decreto por el que se reformaron la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocido como la primera parte del plan B de la reforma electoral.
Presidencia condena filtración de la Corte sobre Plan B
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) condenó la filtración del proyecto de sentencia que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán presentará en el que propone invalidar la primera parte del llamado "Plan B" de la reforma electoral, impugnada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
En un comunicado, la Consejería señaló que el Máximo Tribunal no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que, acusó, lo entregó "clandestinamente" a un medio de comunicación, lo cual, afirmó contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno.
Por esta razón, la dependencia federal, confió en que la Corte inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales.
Aseguró que este acto viola "flagrantemente" el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, cuyo capítulo sobre la imparcialidad prohíbe a los ministros o demás funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.
La CJEF destacó que los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada.
Advirtió que el Código Penal Federal establece que comete delito en contra de la administración de justicia, el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado.
"¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México", manifestó.
"Cabe resaltar que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional".
La Consejería señaló que los jueces no sólo hablan por sus sentencias, sus actos también demuestran su "talante republicano y el respeto al Estado de derecho" como servidores públicos; por esta razón, se espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales.
"El alto tribunal está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan", indicó.