Diputados, especialistas y representantes de organizaciones de derechos humanos iniciaron el análisis de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los participantes consideraron que se deben estudiar los alcances de las conductas delictivas sobre las que se pretende suspender el ejercicio de la acción penal y prever un programa u organismo de reinserción social de los beneficiarios.
Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, planteó que ese tema ha sido motivo de debate tanto por los alcances y precedentes de las conductas delictivas sobre las que se busca suspender el ejercicio de la acción penal, como por la forma en que se plantea.
En tanto Rocío Barrera, quien preside la Comisión de Gobernación y Población del órgano legislativo, mencionó que la propuesta es de gran trascendencia social pues en el fondo sugiere un acto de reconciliación en la búsqueda de la paz.
Desde la perspectiva de Barrera Badillo, de Morena, de concretarse la propuesta del Ejecutivo se convertiría en instrumento de pacificación nacional, facilitaría la procuración de justicia y descongestionaría a los tribunales de delitos que no dañan gravemente a la sociedad.
Es, anotó, “una deuda de un Estado que abandona una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía: aborto, consumo lúdico de marihuana, no criminalización de la protesta”.
Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), estimó que esa ley beneficiaría a poco más de dos mil personas.
Para el especialista en defensa de Derechos Humanos Jacobo, Dayán, la iniciativa presenta muchísimos problemas ya que, por ejemplo, quienes fueron obligados a sembrar drogas, a los que se propone liberar, corren altísimo riesgo de reincorporarse a sus comunidades para ser asesinadas.
“Si esta legislatura la aprueba en esos términos será responsable de esos crímenes”, señaló Sapién Santos en el encuentro llevado a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro.