El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán aceptó a trámite 30 controversias constitucionales más que interpusieron municipios para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que conforman la primera parte del Plan B.
Entre los municipios se encuentran Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de México; General Cepeda, así como Sabinas en Coahuila, los municipios de Durango y Mérida. Corregidora, en Querétaro; León, Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, en Guanajuato, y Venustiano Carranza, en Michoacán.
De acuerdo a los municipios los cambios en estas leyes vulneran su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más del 0.1% de su presupuesto para gastos de comunicación social y solicitaron la suspensión, pero les fue negada, ya que no hay ningún derecho humano vulnerado.
Estas controversias se suman a las 125 y siete acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas en la SCJN, estas pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero, entre otros.