Durante una declaración reciente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la tan necesaria reforma al Poder Judicial podría ser aprobada en septiembre, bajo su Administración.
"Es el mes de la patria, septiembre podría ser el momento para llevar a cabo la reforma", afirmó el Presidente, señalando que aquellos que se oponen a la reforma ya están activos y "moviéndose como siempre".
López Obrador criticó fuertemente a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien acusó de sostener reuniones clandestinas con el presidente de un partido político. "¿Qué es eso? ¿Reuniones en la oscuridad?", cuestionó el Mandatario.
Enfatizó su compromiso de garantizar que los jueces, magistrados y ministros sean íntegros y honestos, elegidos por el pueblo.
El Presidente defendió la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, a pesar de las preocupaciones generadas por las reformas propuestas. Destacó que el peso se ha fortalecido en un 10% desde el inicio de su mandato, atribuyendo este éxito a la lucha contra la corrupción.
López Obrador minimizó las advertencias de riesgo provenientes del sector financiero, asegurando que "no hay problema" y que las amenazas de fuga de capitales y devaluación son tácticas de chantaje.
Recordó cuando se le exigía "entregar el petróleo" durante las negociaciones del T-MEC por temor a consecuencias económicas adversas.
El Mandatario federal reiteró su compromiso de reformar un Poder Judicial que considera "secuestrado por la delincuencia" y que representa a minorías privilegiadas en lugar del pueblo.
Expresó su confianza en que el tiempo hasta septiembre será suficiente para organizar foros públicos donde se escuche la voz de todos los ciudadanos, incluso aquellos que tradicionalmente han tenido más influencia en el sistema judicial.
Frente a las críticas del sector financiero sobre una posible falta de separación de poderes, AMLO respondió que el Poder Judicial, tal como está ahora, no representa al pueblo sino a una minoría. Acusó la existencia de monopolios con influencia indebida en el Poder Judicial, que en teoría debería ser autónomo e independiente, pero en la práctica está subyugado a intereses económicos particulares.