La defensa de Emilio Lozoya Austin acusó contubernio de jueces mediante un esquema faccioso y de corrupción, desde juzgadores de primera instancia hasta de amparo durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para afectar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a su familia, señalados en los casos de presunta corrupción en Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Durante la audiencia del miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya Austin, afirmó que desde que se conoció la denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea y sus excolaboradores cercanos por vulnerar la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), se hizo ver que en el caso Lozoya había intervención para vulnerar la independencia de los jueces.
"Me preocupa porque, en efecto, la filtración del 9 de abril, y por ese acuerdo que firma la ministra [Norma Lucía] Piña se dijo que se abrió una investigación del Poder Judicial de la Federación por el caso de mi defendido y otros".
Con ello, expuso, se hizo "ver que en el caso de Lozoya había intervención de la Presidencia frente a las autonomías. Si vemos los nombres de los jueces que estaban en contubernio, podemos decir que de 2020 a 2021 todas las instancias estaban intervenidas en este caso, desde el juez de primera instancia, jueces de amparo, estaban participando en contra de Lozoya de manera facciosa, con un esquema de corrupción para atacar a nuestro representado".
Por lo que, el litigante aseguró que han documentado al menos 12 casos públicos en los que la FGR está socavando la independencia judicial, a través de denuncias contra diversos jueces con las que pretende amedrentarlos para emitir fallos a su favor.
Al respecto, enlistó las quejas y denuncias de la FGR contra el ahora magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por el caso del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Así como contra el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, Álvaro Niño Cruz, quien dio revés a la FGR en el caso Nochixtlán, y el juez Primero de Distrito de Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, quien concedió la libertad al exgobernador del estado, Eugenio Javier Hernández Flores, en el juicio de extradición.
Expuso los casos en que la FGR anunció la denuncia contra el juez José Rivas González, quien concedió al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, la prisión domiciliaria por el tema Ayotzinapa, así como el de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, por la libertad que concedió a ocho militares relacionados en el caso Iguala.