El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha sido señalado por el actual mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, por presuntas irregularidades en el arrendamiento y construcción de siete cuarteles para la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración.
Según Ramírez Bedolla, cada cuartel tuvo un costo aproximado de 980 millones de pesos, una cifra que calificó como "fuera de la realidad", ya que, según él, un complejo de gran tamaño de la Guardia Nacional no supera los 200 millones de pesos.En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Ramírez Bedolla denunció que Aureoles desvió recursos de salud y educación para financiar la edificación de los cuarteles.
Como resultado de estas acusaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió órdenes de aprehensión en contra del exmandatario y cuatro excolaboradores de su gabinete.
Además, el gobernador informó que en dichos cuarteles se construyeron residencias privadas con habitaciones y salas principales destinadas al uso de Aureoles durante sus visitas.
Durante una conferencia de prensa el pasado sábado 1 de marzo, el gobierno michoacano explicó que los siete cuarteles están compuestos por tres áreas principales: administrativa, policial y de oficinas gubernamentales.
La inversión total en estos complejos superó los 5 mil 186 millones de pesos, incluyendo conceptos de arrendamiento, proyecto y compra definitiva de los inmuebles, los cuales se encuentran en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Aureoles presumió durante su administración la construcción de estos cuarteles como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la entidad.
El cuartel de Huetamo, inaugurado en septiembre de 2017, fue el primero en ser construido dentro de un esquema de regionalización policial. Contaba con un subcentro del C5, helipuerto, casetas de acceso, dormitorios para 400 elementos y diversas instalaciones de servicios, pero en su momento no se revelaron los costos de inversión.
En marzo de 2018, el exgobernador inauguró el cuartel de Jiquilpan, proyectado para atender 11 municipios con una capacidad para 300 policías.
Posteriormente, en ese mismo mes, se anunció la construcción del cuartel de Coalcomán, con una extensión de 35 mil 400 metros cuadrados y una cobertura de seis municipios.
En el caso de Lázaro Cárdenas, el proyecto se retrasó hasta marzo de 2019 y fue anunciado con la promesa de beneficiar a más de 246 mil habitantes.
Sin embargo, las recientes acusaciones del gobierno estatal han puesto en entredicho la transparencia y justificación de estos millonarios proyectos