En el caso de la presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar Pérez, acusada de falsear su pensión de Pemex por viudez, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que se ejerció acción penal contra la académica en septiembre, es decir, en la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien espera que el Senado le asigne una embajada en un "país amigo".
La institución, ahora encabezada por Ernestina Godoy Ramos, indicó que en el caso de Casar no hay "sesgo" ni "consigna", luego de las críticas recibidas por judicializar el asunto que se reveló el año pasado y que estaba congelado.
Aseguró que analiza detalladamente para verificar que la carpeta de investigación "haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente".
Por lo que, aclaró que "es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales".
Puntualizó que "trabaja investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas".
Casar Pérez, quien por el momento ha decidido no hacer declaraciones públicas, deberá comparecer el martes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, donde se le hará imputación formal.
En tanto, diversas organizaciones manifestaron apoyo a Casar Pérez, como Signos Vitales, que rechazó la acción emprendida por la FGR, con el fin, consideró, de intimidar voces disidentes y de represalia política.
"Desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se han denunciado actos de corrupción de los más altos niveles desde que inició hace casi 10 años, buscando siempre evidenciar dichos a actos para contribuir a terminar con estas conductas que tanto mal le han hecho a nuestro país. Rechazamos la acción emprendida por la Fiscalía General de la República con fines partidarios para intimidar a voces disidentes y de represalia política", comunicó la organización.
La FGR procedió penalmente contra María Amparo Casar Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos, luego de la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla hace 20 años.
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, decidió más de un año después judicializar la investigación para formular imputación formal a Casar Pérez.
El año pasado, Pemex, dirigido en ese entonces por Octavio Oropeza, denunció a María Amparo Casar por obtener una pensión post mortem presuntamente de manera ilícita.
Ello, tiempo después de que la académica publicara el libro Los puntos sobre las íes donde critica al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de la Cuarta Transformación.
Desde enero de 2005, la académica es beneficiaria de la pensión vitalicia de Pemex, pero en marzo del año pasado la petrolera le suspendió el pago, al considerar que se trata de un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, no habría fallecido por accidente de trabajo, sino por suicidio.
Además de que solamente colaboró 129 días como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, del 1 de junio de 2004 y al 7 de octubre de ese mismo.