Se dice que todo comienzo implica una nueva oportunidad. Si esto es cierto, entonces se puede afirmar que el outsourcing en México, con la recién aprobada reforma a su marco regulatorio, está iniciando un nuevo camino; una ruta que tendrá condiciones diferentes, pero que no cancela las posibilidades de las empresas para incrementar su productividad.
Las nuevas reglas de la tercerización aún causan debates entre los especialistas. No obstante, al margen de las discusiones, sería injusto no reconocer el tema de fondo: el outsourcing seguirá disponible en la economía mexicana, y para que esto ocurriera, el diálogo entre las autoridades y la comunidad empresarial fue un factor clave. Esta disposición a conciliar ideas y soluciones, además, puede incidir en mejores condiciones para 4.1 millones de trabajadores vinculados al esquema de personal subcontratado (grupo que representa casi el 20% del empleo formal en el país), según cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Para su plena implementación, el nuevo marco regulatorio todavía debe cumplir con una fase fundamental: que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ponga en marcha el padrón en el que deberán inscribirse las organizaciones que estarán autorizadas a proveer soluciones de tercerización –compañías que brindan servicios y obras especializadas que sean distintos de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, y no las firmas que exclusivamente suministran personal y controlan nóminas. Con el padrón en operación, las empresas de tercerización especializada tendrán 90 días para obtener su registro en este índice de la STPS.
Desde la distancia, las organizaciones que consumen servicios de tercerización pueden estar inquietas. Quizás imaginan que su relación con estos proveedores tenderá a complicarse, afectando el rendimiento de sus actividades. Y en realidad, no hay razones para sentir ansiedad por un nuevo marco regulatorio: es una oportunidad para transformar las operaciones de una empresa y encontrar nuevas eficiencias que impulsarán el éxito del negocio.
Un beneficio más allá de la
regulación
En el nuevo contexto regulatorio, la relación con un proveedor de servicios de outsourcing tendrá que sustentarse, como nunca antes, en los valores de la transparencia y la certeza. Por principio de cuentas, saber que la compañía cumple con los criterios fijados por la STPS y con todas las disposiciones derivadas de la nueva ley de tercerización.
Hoy, tal grado de visibilidad y confianza es difícil de lograr, ya que distintas áreas corporativas (Compras, Recursos Humanos, Operaciones, Legal, etc.) intervienen en el vínculo con el proveedor de servicios de tercerización; pero cada departamento sólo administra los procesos y elementos (perfil e historial de la compañía, contratos, costos, personal, reglamentos locales e industriales, resultados comprometidos, etc.) que considera de su competencia.
Esto termina por crear una visión fragmentada del personal externo y de los servicios de tercerización que se están utilizando, de la que surgen ineficiencias como datos inconsistentes, actividades duplicadas, disparidad en costos estimados o tiempos de ejecución diferentes. Ineficiencias que exponen a la empresa al riesgo de sufrir sanciones y desperdiciar recursos. En buena medida, la organización no tiene una certeza respecto a lo que está pasando con sus proveedores de servicios externos.