Hace apenas cuatro días, el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda dijo que no publicaría "babosadas" al Congreso Local y lo está cumpliendo, ya que este martes, el Congreso Local le dio entrada a tres vetos más del mandatario estatal.
En esta ocasión, el ejecutivo se informó por la Ley de Agua Potable y Saneamiento, la Ley de Seguridad Pública para el Estado y la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios.
En relación a la Ley de Agua Potable y Saneamiento, el Gobernador del Estado señaló que de acatar los cambios que realizaron los legisladores, simple y sencillamente las finanzas de la dependencia se afectarían seriamente.
"Al adicionar el artículo 21 BIS en los términos que se transcriben a continuación, se estaría obligando a la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a exentar de pagos a usuarios que se encuentren en la hipótesis de excepción prevista, es decir, usuarios que mediante un ordenamiento legal se determine que son susceptibles de exención".
"Lo anterior representaría una afectación al patrimonio de la Institución, al encontrarse obligada a exentar a usuarios que se encuentren en ese supuesto normativo", señala la determinación de García Sepúlveda.
En cuanto a la Ley de Seguridad Pública para el Estado y la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado, el mandatario estatal en sus observaciones argumento que de acatar el decreto, los legisladores no midieron el impacto presupuestal que se podría generar.
"Requiere una estimación sobre el impacto presupuestario que sustente la determinación del Congreso de obligar al Ejecutivo del Estado a aprobar un programa de subsidios o en su caso la condonación del pago del refrendo para aquellos vehículos que mediante convenios de colaboración hayan sido cedidos a los Municipios para la operación del programa de patrullaje de proximidad o policía de barrio".
"Dichos subsidios generarán un déficit en perjuicio de la Hacienda Pública estatal, ya que se reducirían los ingresos por refrendo que actualmente aportan los vehículos registrados en el Instituto de Control Vehicular".
El tocar el veto a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios, el ejecutivo argumento que no se publicara el decreto, simple y sencillamente porque va en contra de la Constitución.
"La adición del párrafo cuarto del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa es contrario al régimen constitucional que corresponde a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, conforme al artículo 150 de la Constitución del Estado, pues amplía la competencia de esta Sala para conocer de todos los juicios a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa", puntualizó.