Al reiterar que el proceso de selección de finalistas a Fiscal General de Justicia es ilegal; el Gobierno del Estado vetó y dio cuenta del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante un escrito, la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda advirtió que el Congreso local incumplió con el mandato de la SCJN, y violó los principios de paridad de género y autonomía de candidatos.
Por ello, lejos de vetar uno de los cuatro elegidos a ocupar la Fiscalía General del Estado y enviar al Poder Legislativo la terna definitiva; el mandatario estatal amplió la queja ante el Máximo Tribunal de Justicia.
"En el proceso de selección del Fiscal General, se han observado muchas irregularidades que atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho, como lo es el principio de legalidad, autonomía, la paridad de género, entre otros", cita el documento.
"En virtud de lo anterior se le ha dado vista de lo aquí expuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se realizaron las acciones legales conducentes".
El lunes el Congreso local eligió como finalistas a Genaro García, secretario de Ayuntamiento de Monterrey durante la administración del tricolor Adrián de la Garza; Guadalupe Saldaña, ex titular de la Agencia Estatal de Investigaciones; Alberto Barrera, vicefiscal jurídico de la Fiscalía; y Pedro Arce Jardón, actual encargado del despacho.
Si bien el Ejecutivo tiene 5 días a partir de su notificación para dar curso al procedimiento, una vez más lo entrampó.
"Los acuerdos de los procesos para la designación de Fiscal han sido vetados por el Ejecutivo que represento, por lo que primeramente deberá el Congreso de resolver lo relativo a las observaciones hechos al mismo", refiere.
"El nombramiento de fiscales es un procedimiento de máximo interés social y al cual se debe de seguir con una óptica de máximo escrutinio y apego a la Ley para garantizar el estado de derecho, nombrar a la persona más capaz y apropiada para el desempeño del encargo para así lograr seguridad del Estado".
Respecto al principio de paridad de género, crítica que para la confirmación de la terna únicamente se tomó en consideración a personas del sexo masculino, ignorando el precepto constitucional que aplica a los organismos autónomos.
En tanto, que en condena que dieran oportunidad nuevamente a aquellos candidatos que no habían cumplido con los requisitos.
Por último denuncia que no se cuidó que las personas seleccionadas tuvieran autonomía e imparcialidad, elementos básicos que deben de priorizarse por la naturaleza del encargo.
Es de destacar que los cuatro finalistas han sido ligados al también ex procurador Adrián de la Garza.
