Luego de tres días en los que los transportistas desobedecieron a las autoridades y aplicaron un “tarifazo” de 15 pesos a los usuarios de rutas urbanas, el Gobierno del Estado se lanzó este viernes contra los empresarios “rebeldes”.
Personal del Instituto de Movilidad, elementos de seguridad y abogados, tomaron esta noche las instalaciones de la Ruta 400, propiedad del empresario Abelardo Martínez, y ejecutaron una primera requisa.
Esto significa que el estado tomó posesión de las unidades, el personal y la administración de dicha ruta de camiones que da servicio en los municipios de Santa Catarina y García.
La medida derivó de la insistencia de dicha empresa de transporte público, a seguir cobrando una tarifa de 15 pesos a los usuarios, y no de 12 como está autorizada, y se da horas después de que el gobernador, Samuel García, advirtiera a los transportistas que de insistir con el “tarifazo” se aplicarían requisas a las rutas rebeldes.
A la par de la requisa, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León, presentó una denuncia penal de hechos por los delitos de sabotaje y desobediencia, en contra de los empresarios transportistas que aplicaron el incremento tarifarios de manera ilegal.
La abogada Mirna Guerrero, representante legal de la dependencia, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia de hechos contra el empresario Abelardo 'N' y contra los transportistas que se sumen a la carpeta de investigación por haber incurrido en esta ilegalidad.
“Principalmente por conductas que están afectando en el tema del transporte y obviamente que causan afectación a la vida cotidiana, a la vida económica, trastocas y entorpecen la vida de la ciudadanía”.
“Estamos hablando de una serie de delitos, entre ellos desobediencia, resistencia y algunos otros que pudieran llegarse a configurar. La Fiscalía, en este caso, será encargada de dilucidar, con base a la investigación, las pruebas que se aporten y la evidencia que se recabe”.
Aunque por el sigilo de la investigación las autoridades no mencionaron los nombres de los señalados, se presume que el empresario mencionado en la denuncia se trata de Abelardo Martínez, quien es dueño, entre otras empresas, de la Ruta 400, que horas más tarde fue requisada.
“Es en contra de un grupo de persona transportistas, entre ellas Abelardo N., es todo lo que podemos decir, por el sigilo de la investigación”.
Las autoridades no especificaron si aplicarán la misma medida en contra de otras rutas urbanas que durante esta semana estuvieron cobrando una tarifa ilegal a miles de usuarios del transporte público en el área metropolitana de Monterrey.