Al Congreso Local no le quedará de otra que tomarle la protesta a Rosaura Guerra Delgado como diputada en funciones luego de que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la suspensión dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El proyecto que se aprobó por unanimidad de los magistrados deja firma el fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral en donde le ordenaba al Poder Legislativo integrar a los trabajos a la emecista en sustitución de la priista Alhinna Vargas García.
Con esto, la bancada de Movimiento Ciudadano sumaría 15 diiutados locales y superaría al PAN que tiene 14, razón suficiente para solicitar la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Gobierno.
"Este órgano jurisdiccional, máxima autoridad en materia electoral y, por tanto, competente para conocer de actos que pueden impactar en esta materia, determina que el acuerdo y suspensión emitidos por el magistrado presidente del Tribunal Superior carecen de validez, al haber sido emitidos por una autoridad incompetente".
"Conforme a lo antes expuesto, se revoca la admisión y la suspensión dictadas en la controversia de inconstitucionalidad 3/2024, debido a la falta de competencia de la autoridad responsable, por tratarse de una cuestión de Índole electoral".
"Se revocan todas las actuaciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León en la controversia de inconstitucionalidad 3/2024".
Dentro de la resolución emitida por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón deja en libertad al TEE de aplicar una sanción ejemplar al Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior con una sola finalidad de evitar que este siga emitiendo actos similares porque no son de su incumbencia.
Desde el mes de septiembre del 2023, Guerra Delgado viene peleando en los tribunales la determinación del Congreso local de no tomarle la protesta.
A pesar de la resolución del TEE, el 26 de febrero el Congreso local no le tomó protesta a Guerra al obtener, vía una controversia de inconstitucional, una suspensión del TSJ que frenaba el que diera cumplimiento a una sentencia.