La disputa que mantiene el Congreso Local y el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda fue trasladada hasta la Suprema Corte de Justicia ya que ambos poderes presentaron una controversia constitucional ahora por el Presupuesto 2023.
El mandatario estatal en vez de enviar la ley de Egresos al Congreso Local, decidió judicializar el asunto.
El recurso lo interpuso nueve días después en que el Congreso resurgió a la Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, en contra de los actos y/u omisiones por la omisión de presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023.
Lo anterior como la probable reconducción ilegal del presupuesto 2022, por parte del Poder Ejecutivo de su titular, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León.
Samuel García Sepúlveda señala en el recurso que interpuso que se enteró por la prensa que el Poder Judicial del Estado le ofreció entregar de inmediato su Ley de Egresos al Congreso local.
Sin embargo, la notificación por parte del TJE no se ha hecho efectivo ya que el trámite no le fue recibido al mandatario estatal porque le faltó documentación, como la notificación legal de la resolución por parte del Poder Judicial
Al no entregarse el documento, el Gobierno del Estado insiste en aplicar el presupuesto del 2022 al no ponerse de acuerdo con el Poder Legislativo, ya que así lo marca la ley.
Sin embargo, la Constitución es muy clara y marca que solo se podrá acceder a esto cuando los diputados y el gobierno no lleguen a un acuerdo sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo.
Sin embargo, el mandatario estatal no envió el documento, por lo cual los legisladores no pueden revisar el dictamen, no hay un acuerdo porque García Sepúlveda simplemente no les envió nada, por tal motivo los diputados han argumentado que no pueden aplicar el mismo recurso.
Por su parte, el Congreso Local votó el pasado 15 de diciembre aprobaron reformas al presupuesto vigente de Nuevo León el cual ejercerá en 2023 un total de 132 mil 688 millones de pesos.
Con este se busca fortalecer a los municipios, a organizaciones no gubernamentales ya organismos autónomos.
Sin embargo, especialistas y el mismo Gobierno estatal han señalado que esto no puede ejercerse, ya que es competencia del Gobernador en turno presentar el paquete de egresos.
Debido a que el Paquete Fiscal esta bien el limbo, esperarán ambos poderes que la Suprema Corte le dé la razón a alguna de las dos partes.