El encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción dijo que José Manuel V, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA) y Fernando B, encargado de la Dirección de Finanzas de la misma dependencia han tenido que presentarse a firmar mientras se llevan a cabo las investigaciones dentro del proceso.
El funcionario dijo que se decidió que a ambos solo se les impuso una presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Cabe destacar que la carpeta de investigación se abrió tras la denuncia que presento la Auditoría Superior del Estado.
Este último órgano fiscalizador detecto presuntas irregularidades en un estudio de mercado que no cumplía con los requisitos legales para la contratación de camiones.
Bustos Banda aseveró que de ahí se abrió la investigación y descarto rotundamente que el asunto tenga un trasfondo político tal y como lo a mencionado el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Hay que recordar que este último durante la entrega de camiones para la operatividad de cinco nuevas rutas acuso a la "vieja política" del PRI y del PAN de estar detrás de dicha denuncia.
Como se recordará, el retraso para la entrega de las nuevas unidades adquiridas por el Gobierno del Estado tuvo sus consecuencias, luego de que un Juez de Control vinculara a proceso a dos funcionarios del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno de Nuevo León.
La imputación de los presuntos delitos son el ejercicio ilícito del servicio público y entrega tardía en el contrato de arrendamiento de 800 camiones ecológicos.
En la carpeta de judicial 5894/2024 quedó establecido que no se elaboró una investigación de mercado con los requisitos de Ley.
Pero lo que más agravo la situación es que no se respetó el acuerdo de la licitación, es decir, no se cumplieron los plazos establecidos para la entrega de las nuevas unidades.
Es de destacar que la administración estatal destino en la adquisición de las nuevas unidades un monto total de 2 mil 244 millones 872 mil 033.52 pesos.