De nueva cuenta, el Congreso local rechazó el veto que le daba facultades a las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas para atender toda clase de juicios contenciosos.
De tal forma que las fracciones mayoritarias del PRI y el PAN se impusieron de nueva cuenta y aprobaron los términos en que habían avalado una iniciativa a la Ley de Justicia Administrativa.
Con esto al ser aprobado de nuevo el Decreto 350 la Constitución federal establece como principios de la certeza jurídica la rapidez, la prontitud y la expeditez, como una garantía de la pronta resolución por parte de la autoridad hacia una petición del usuario.
Estas modificaciones a la ley eran indispensables para que con la ayuda de la Sala Especializada disminuyera la carga de trabajo de las Salas Ordinarias.
"Al otorgar atribuciones a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas se podrá de manera extraordinaria auxiliar en el desahogo de juicios contenciosos en materia de justicia administrativa competencia de las demás Salas Ordinarias".
"Esto como una medida de eficiencia cuando las cargas de trabajo lo requieran, se logra dar cumplimiento al derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, el cual hace referencia a la justicia pronta y expedita".
"Se tienen por recibidas en tiempo y forma las observaciones realizadas al Decreto Número 350 de fecha 1 de marzo del 2023, que contiene reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, presentadas por Samuel García, gobernador del Estado.
"La Legislatura 76, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución de Nuevo León, no acepta las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo y en razón de ello, se confirma el Decreto Número 350 de fecha 1 de marzo del 2023, que contiene iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León".
Los diputados locales emecistas se manifestaron en contra de la reforma por considerar que se busca tener injerencia, con fines partidistas, en los juicios ordinarios que se resuelven en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, los integrantes de la bancada naranja sostuvieron que la Sala Especializada tiene asuntos específicos para resolver, argumentos que de nada sirvieron porque el reforma se aprobó de nuevo.