Porque afecta en la prestación de un servicio de calidad, el Consejo Cívico reprobó la reforma legal que extiende la vida útil de taxis con más de 10 años de antigüedad.
A decir del organismo, la prórroga traerá un impacto negativo a los usuarios de esta modalidad de transporte de alquiler, pues vehículos más viejos son más inseguros mecánicamente y emiten más emisiones contaminantes.
Asimismo, se pronunciaron a favor de una revisión de las tarifas y contra su negativa sin justificación.
"Desde el Consejo Cívico podemos ver que negar revisiones de tarifa, alentar medios menos eficientes o ampliar antigüedad a vehículos de transporte público impacta directamente la cantidad y calidad de los servicios", refiere el documento.
"Una política desarticulada y sin foco también produce y amplia externalidades negativas".
"Vehículos más viejos forzosamente producen más gases índice y más gases efecto invernadero, también son más inseguros y desalientan su uso. Los usuarios pierden y todos, como sociedad, perdemos", exponen.
El pasado miércoles, el Congreso Local aprobó una reforma a la Ley de Movilidad en la que establece que los taxis que alcanzaron el límite de 10 años en operación en 2021 y 2022, podrán seguir operando en el 2023.
Respecto a las tarifas, indican que no existe algún estudio técnico que evidencie los puntos negativos.
"No se basan en ningún estudio técnico serio, que evalúe y evidencie los posibles impactos negativos que una política pública de esta naturaleza pueda generar".
CALIDAD DEL AIRE
De acuerdo a la Encuesta Así Vamos 2022 de Cómo Vamos Nuevo León, para el 30.2 por ciento de la población el transporte y la contaminación del aire es el principal problema medioambiental que enfrenta Nuevo León.
En este sentido, 8 de cada 10 habitantes del estado está de acuerdo con que se implementen medidas para mejorar el aire, entre los que destaca invertir más en transporte público y menos en infraestructura para el automóvil 75.5 por ciento.
Además de retirar de circulación a vehículos contaminantes 72.1 por ciento y reducir espacio para el auto en favor de carril exclusivo para bicicleta con 67.8 por ciento.
Por ende, la reforma que realizaron los legisladores va en sentido contrario al sentir de la ciudadanía al respecto del problema de calidad del aire.
"Es una irresponsabilidad tomar decisiones de política pública desvinculadas, sin datos, y sin una evaluación integral de sus impactos".
En temas de movilidad, los legisladores deben realizar mesas de consulta con expertos de la academia, de la sociedad civil, así como la participación del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y de los municipios, antes de reformar leyes.
"Esto evitará que las reformas afecten políticas públicas ya en marcha como por ejemplo el nuevo PIGECA, o los planes de reestructuración del sistema de transporte público".