Al reconocer que existieron deficiencias en el proceso para localizar a Debanhi, la Fiscalía General de Justicia en el Estado anunció la remoción del cargo de los fiscales especializados en Personas Desaparecidas y en Antisecuestros.
En rueda de prensa, acompañado de Mario Escobar, padre de la joven; Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General, indicó que se detectaron algunas omisiones por las que también se iniciaron procesos de responsabilidad contra todos los que participaron en las labores de búsqueda, inclusive si hubo dolo.
Hasta ayer, Rodolfo Salinas se desempeñaba al frente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y Javier Caballero, en la Fiscalía Especializada en Antisecuestros.
“Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles, que a partir del lunes di la instrucción que se iniciaran procedimientos de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda, procesos administrativos”, refirió.
“Debido a esas deficiencias, a estas omisiones y errores tomé la decisión de remover del cargo al que estaba en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como al Fiscal Antisecuestros”.
“Se lo hice saber a Mario, que íbamos a tomar medidas por errores que se hayan cometido”, puntualizó.
Asimismo, designó a Graciela Núñez, Fiscal de Feminicidios como vocera del caso, quién informará sobre los avances de las investigaciones.
A partir del hallazgo del cuerpo de Debanhi, la carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.
Previo a la presentación de los videos recabados en los que se observa el caminar de la estudiante de derecho por el Motel Nueva Castilla, reiteró que las averiguaciones siguen y no se descartará ninguna línea hasta esclarecer lo sucedido.
Es de destacar que un equipo interdisciplinario enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador participa en todo momento.
"Estamos en un proceso, no hemos concluido, día a día hemos estado recolectando datos de prueba".
Cuestionado sobre quienes quedarían a cargo de ambas fiscalías, Guerrero Gutiérrez indicó que aún no se determina quien los sustituirá, pero están en análisis.
"El lunes se inició un proceso administrativo contra todas las personas que intervinieron, si algún otro fue omiso o cometió errores, será sancionado".
"Se está en proceso de nombrar a quienes los habrán de sustituir en el cargo", añadió.
Espera Poder
Judicial más cateos
El Poder Judicial del Estado espera que la Fiscalía Estatal demande más ayuda en órdenes de cateos y así poder expedirlas para coadyuvar en la solución del caso.
Así lo reveló este miércoles Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
El Presidente Magistrado dijo que por el momento sabe que habido algunas órdenes de cateos expedidas en su momento y que: "En el momento en el que la fiscalía nos demande más habremos de expedirlas".
"Nos han solicitado muchos auxilios para cateos, revisiones, etcétera; hemos estado ayudando, concediendo, pero hasta este momento no (hay órdenes de aprehensión, ni judicialización)", expresó.
"Todas las solicitudes hechas por la Fiscalía se han concedido a efecto que la investigación que llevan a cabo no se detenga", continuó.
"Cuando la Fiscalía esté lista para judicializar la carpeta, nosotros la recibiremos y atenderemos", aclaró.
Dicho ello el Poder Judicial de Nuevo León informó que se encuentra a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicite la judicialización de la carpeta de investigación por el caso de Debanhi Escobar.
Pero hasta ahora el Poder Judicial ha apoyado con cateos y revisiones a la Fiscalía, y aseguró que están listos para "la impartición de justicia".
VAN POR MÓDULOS JUDICIALES
En otro orden de ideas el Presidente del Poder Judicial Arturo Salinas Garza anunció que ahora tiene un gran reto en puerta, que es el cubrir todo el Estado de Nuevo León, y la reapertura de los módulos judiciales de otros municipios como Juárez, Escobedo, Allende y Santiago, Nuevo León.
Esto con módulos judiciales que cuestan entre 800 mil y 1 millón de pesos cada uno, y esperan en mínimo dos años más echar andar 10 de los 35 que se tienen pronosticados.
"Estamos cocientes que muchas ocasiones los ciudadanos no tienen acceso a una computadora o no tienen la capacitación o la información para poder atender esa audiencia de manera virtual.
"En lugar de trasladarse al. Juzgado, por ejemplo, San Pedro, si fuese el caso o trasladar a uno de los Palacios de Justicia, si fuese materia penal, pueden venir aquí a este módulo judicial", dijo el representante del Poder Judicial.