Con el objetivo de establecer un esquema más claro para la conservación de La Huasteca, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó un paquete de iniciativas que busca delimitar las responsabilidades de la Federación, el Estado y los municipios en la administración de esta Área Natural Protegida.
La legisladora explicó que la propuesta contempla modificaciones a diversos ordenamientos legales para atender los vacíos normativos que actualmente dificultan la protección integral de este espacio natural, considerado uno de los principales pulmones ecológicos de Nuevo León.
Entre las reformas planteadas destaca la modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de permitir que la Federación pueda suscribir convenios de administración sobre subzonas específicas de las áreas naturales protegidas, sin perder la rectoría de las mismas.
Asimismo, se proponen cambios a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León para reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno; a la Ley de Gobierno Municipal para precisar las facultades de los ayuntamientos en estas zonas; y a la Ley de Beneficencia Privada del Estado para facilitar que organizaciones ambientalistas participen formalmente en las labores de conservación.
"Falta una regulación importante en el tema de áreas naturales protegidas como La Huasteca. Uno es la Federación, cómo cede estos permisos, estas concesiones; otro es el estado, cuál es su rol... y luego viene el municipio, porque hoy el municipio dice a mí no me toca; el estado igual y la Federación dice ya están los lineamientos, pero no hay establecidas las responsabilidades que le corresponden a cada quien", señaló la diputada.
González recordó que recientemente fue rehabilitado el acceso principal a La Huasteca, aunque consideró que aún es necesario consolidar un modelo de gestión que permita enfrentar problemas como los desmontes ilegales, las construcciones irregulares y otras afectaciones al entorno natural.
Como referencia, la iniciativa retoma el esquema de administración implementado en Chipinque, donde la coordinación entre autoridades y una asociación de beneficencia privada ha permitido mantener acciones permanentes de conservación.
"En Santa Catarina ha existido la voluntad de organizarse, pero no ha sido posible debido a la falta de acuerdos entre los diferentes actores que podrían participar. Por eso queremos llevar este modelo a la ley, para que quede establecido por escrito y podamos garantizar un mejor manejo y conservación del parque", concluyó la legisladora.