A fin de frenar los actos de corrupción y extorsión que padecen operadores y transportistas al circular por municipios metropolitanos y periféricos, Iraís Reyes, Diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una serie de acciones que deberá realizar el Gobierno estatal y los municipios.
La emecista se dio cita en la Oficialía de Partes del Congreso a donde fue acompañada por José Omar Ortiz Salinas, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Conatram y José Ortiz, Consejero de la Conatram Nuevo León.
"Estamos presentando un punto de acuerdo para exhortar a diferentes autoridades para que ya se coordinen y actúen para solucionar la problemática de corrupción que se vive en el sector del transporte", señaló Reyes.
"No es justo lo que han vivido por siempre, ahora más temas de corrupción, donde les piden de 15 mil a 20 mil pesos por poder mover sus unidades".
"Es necesario cambiar las reglas de juego que tiene la autoridad con el autotransporte", manifestó Ortiz Salinas, "somos un eslabón para completar la cadena de servicio para todos los consumidores de nuestro estado".
Como punto principal en el acuerdo se exhorta a las autoridades municipales a homologar a la brevedad sus reglamentos y disposiciones administrativas según lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León".
En el acuerdo, se solicita a los ayuntamientos a garantizar un ambiente libre de corrupción mediante el establecimiento de tabuladores que doten de certeza a los usuarios sobre el cobro y pago de infracciones y multas.
Para lo anterior se pide optar por el pago electrónico de las infracciones y enunciar los supuestos en los cuales procedan las mismas de manera clara y precisa.
Aunado a ello, se exhorta a celebrar contratos y convenios con diversas compañías de grúas, a fin de impedir el monopolio del traslado a resguardo de las unidades, los cuales deberán ser públicos y transparentes.
En el punto de acuerdo se solicita al Gobierno estatal y a los municipios que realice mesas de trabajo en conjunto con las empresas de la industria transportista.
Como un punto de reunión se establece que las mesas se realicen en el Congreso del Estado.
"No podemos tener oídos sordos ante las exigencias de las cámaras denunciantes y mucho menos ante los actos de corrupción" puntualizó.