La diputada Sandra Pámanes presentó una iniciativa de reforma en la Oficialía de Partes del Congreso para armonizar la Constitución local con la federal para establecer sanciones y prohibiciones a los servidores públicos, por designación o por elección, para ocupar cargos públicos en caso de que hayan incurrido en algún tipo de violencia sexual o física contra las mujeres, los deudores alimentarios y quienes hayan ejercido violencia política en razón de género.
Dijo que lamentablemente Nuevo León es el único estado en el país en el que no ha armonizado la Constitución.
Señaló que desde el mes de mayo el 2023 constitucionalmente ya se realizó esta reforma, y de los 31 estados solamente Nuevo León no ha hecho esta armonización.
Destacó que Movimiento Ciudadano está proponiendo una adición al artículo 69 bis para que en el caso de haber sido sancionados ya en el pleno ejercicio del servicio público, y que sea sancionado por cualquiera de estos tres delitos, pueda ser removido del cargo.
"Esta es una adición que nosotros estamos planteando porque lamentablemente la justicia no es ni pronta ni expedita y un caso muy específico que tenemos es el del diputado federal electo Pedro Garza, que en tiempos de campaña llegó a este nivel de violencia política en razón de género en contra de Laura Paola López, sin embargo, ninguna sanción recae sobre él a través de la sala especializada en delitos electorales hasta después de que se le entrega su constancia de mayoría", indicó.
Dijo que en ese sentido, Pedro Garza ya va poder estar registrado dentro del padrón de personas que hayan ejercicio este tipo de violencia, pero eso no va a quitar que pueda ejercer el cargo.
Aclaró que si esta sanción se hubiera dado antes el proceso electoral y que se hubiera emitido la votación, entonces, en este momento el ya no hubiera podido ser diputado federal.