Tras una acalorada discusión entre diputados de Movimiento Ciudadano contra los del PAN y el PRI, la Comisión Anticorrupción aprobó por mayoría llamar a los cinco integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción que renunciaron para que ratifiquen personalmente la decisión que tomaron.
De tal forma que Karen Flores Vita, Sarahí Marcela Aranda García, Jesús Ernesto Salas Ibarra, Ulises Alejandro Silva Garza y Juan Carlos Tolentino Flores se tendrán que presentarse de nueva cuenta ante el Congreso Local.
Para tal efecto, los legisladores acordaron darles un plazo de tres días hábiles a partir de que sean notificados para que acudan a comparecer.
"Se previene a los ciudadanos Karen Flores Vita, Sarahí Marcela Aranda García, Jesús Ernesto Salas Ibarra, Ulises Alejandro Silva Garza y Juan Carlos Tolentino Flores a fin de que en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación del presente acuerdo, acudan de forma presencial ante la Oficialía de Partes a fin de ratificar sus escritos de solicitud de renuncia".
"Se tendrá por no presentada la solicitud de renuncia que no sea ratificada en el plazo y en los términos del presente acuerdo", aseveró.
Durante la lectura del dictamen, como era de esperarse, las diputadas de Movimiento Ciudadano se inconformaron.
La emecista Iraís Reyes de la Torre calificó el acuerdo como un "acto de molestia" a los ciudadanos.
En la exposición de motivos dijo que obligarlos a presentarse para que ratifiquen la renuncia es ilegal.
La legisladora Sandra Pámanes Ortiz dijo que, en exposición de motivos, los integrantes del Comité de Selección fueron bastante claros al señalar que se iban porque el Comité ya no atendía a los fines que debía.
Y por si esto no fuera suficiente, en el escrito decía claramente que la renuncia era con carácter de irrevocable.
Argumentaron que la medida era solamente exhibirlos a pesar de que eran peones de ellos para hacer lo que el PRIAN quería.
Carlos de la Fuente, del PAN, dijo que era necesario que ratificaran personalmente porque había indicios de presiones hacia ellos por parte del Gobierno estatal y debía tenerse certeza de su decisión.