Ordenan a Samuel enviar Presupuesto

Congreso local obtiene suspensión provisional del Poder Judicial estatal que obliga a gobernador entregar el Presupuesto para 2023.

El  Poder Legislativo en Nuevo León promovió una controversia de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la falta del presupuesto para el próximo año.

Lo anterior,  debido ante la omisión del gobernador Samuel García de cumplir con su obligación constitucional de presentar al Congreso del estado un proyecto de Ley de Egresos para el 2023.

La resolución del Poder Judicial del estado se deriva de la controversia de inconstitucionalidad 4/2022, interpuesta por Mauro Guerra, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, y se señalan como autoridades demandadas al titular del Ejecutivo y al secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza.

Como parte del expediente de la controversia de inconstitucionalidad 04/2022 se concedió una suspensión que fue notificada el día de hoy y que obliga a las autoridades en los siquientes términos:

• “Cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el articulo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nuevo León”.

• “Cesen los actos de omisión por parte del secretario de Finanzas y Tesorero General del estado de Nuevo León, y de inmediato presente el anteproyecto del presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por ol articulo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y articulos 1, 2, 4, 18, inciso A), fracción Il 1, 24, fracciones Il y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León”.

Las medidas ordenadas por la autoridad judicial al gobernador y al tesorero deben cumplirse en los términos que fueron dictadas, independientemente del adelanto o extensión del periodo vacacional de la administración pública estatal.

Mediante la suspensión, sostiene el órgano, se garantiza que el Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional de transparentar y dar certeza al gasto público de más de 130 mil millones de pesos para el 2023.