De manera definitiva, la Defensoría de Oficio deberá pasar a manos del Poder Judicial del Estado, así lo determino la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior al invalidar la controversia constitucional número 276 que pretendía que fuera el Gobierno de Nuevo León quien continuara con la responsabilidad y operatividad de esta dependencia.
Durante la sesión de este miércoles, el proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena contemplaba darle la razón a la administración estatal encabezada por el Gobernador, Samuel García Sepúlveda.
Sin embargo, durante el debate, tres de los ministros votaron en contra del acuerdo y dieron por validos los acuerdos que reconocen la permanencia de la Defensoría Pública en manos del Poder Judicial, así debía pasar el resolutivo dentro del englose final de dicha sentencia.
"En contra, considero que es infundada la controversia y que debe declararse la validez de los acuerdos de oficios y fundamentos".
"Habiendo mayoría, entiendo que coinciden el sentido de la señora ministra y el señor ministro respecto de que debe declararse infundada la controversia constitucional, y la validez del acuerdo y oficios impugnados, planteó la posibilidad de que pudiéramos sacarlo ya con ese sentido otra vez del engrose".
"En consecuencia, este asunto quedaría resuelto en el sentido de que es procedente y fundada la controversia constitucional, se reconoce la validez del acuerdo y oficios impugnados, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación".
y en los otros medios. Infundado y se reconoce la validez, en ese sentido quedaría aprobado", dijo Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala.
Como se recordará, el Congreso Local al realizar cambios a la ley determino que la defensoría pública pasaría a formar parte del Poder Judicial del Estado.
Esto informo al Gobierno del Estado que no reconoció el acuerdo y determino que esta dependencia todavía fuera responsabilidad de la administración estatal, fue tal el enojo que por algún momento hubo dos defensorías.
Todo esto mientras, los tribunales definían de una vez por todas quien era el que tenía la razón.
Después de un año de pugna y diferencias entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial por fin salió la resolución y le dio la razón a este último para que se encargue de una vez por todas, y de manera definitiva, sobre la operatividad de la Defensoría.
La sentencia es definitiva por tal motivo, a la administración estatal no le queda mas que obedecer la resolución.
