Festejan autoridades fallo

Al año se recaudan alrededor de 920 millones de pesos, y al menos un 35 por ciento es distribuido entre los 51 municipios de la entidad.

Porque va dirigido en su totalidad al tema de Seguridad, el gobierno del Estado aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mantener el impuesto a casinos.

En entrevista, de gira por el municipio de Escobedo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón recordó que su implementación fue una decisión consensada entre los diferentes ámbitos de gobierno.

Al año se recaudan alrededor de  920 millones de pesos, y al menos un 35 por ciento es distribuido entre los 51 municipios de la entidad.

"Siempre estuvimos ciertos que la decisión del impuesto a los casinos es una decisión acertada del Congreso en la que participamos todos, o sea, el Gobierno, los alcaldes y los diputados, creo que es el primer impuesto en el que todos estuvimos de acuerdo y eso nos ha dado recursos para incrementar el tema de seguridad”.

 "Quizá es el impuesto que más participable es, porque el 35 por ciento se reparte con los municipios y tienen la posibilidad de crecer su sistema de seguridad", expuso.

Cuestionado sobre el monto total que se recibe por este concepto, mencionó que es proporcional al número de gente que acuda a los establecimientos de apuestas.

Aclaró a su vez que no son los dueños quienes lo cubren, sino los clientes.

 "El impuesto lo paga el asistente al casino, no lo paga el dueño, entonces aquel que pudo haberse amparado es quien va al casino y esos contribuyentes que van, nosotros tenemos que agradecerles enormemente porque gracias a ellos tenemos mejores condiciones en el estado”.

Consideración que tomó en cuenta la Corte para negar tres amparos a casinos de la localidad, quienes buscaban revertir el cobro del gravamen.

Al respecto,  la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales resaltó que en el caso de su municipio se reciben cerca de 40 millones de pesos.

Destacó que su éxito fue tal que otras entidades de la República lo han adoptado para fortalecer sus corporaciones policiacas.

"Este modelo de este impuesto ha sido ejemplo nacional para qué otros estados y municipios puedan tomarlos, sobre todo porque el problema para los municipios en materia de seguridad es ese, financiamiento, de dónde sacamos dinero para eso".

COMPLACIDO CÉSAR CON DECISIÓN

El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mantener el impuesto a las casas de apuestas.

El también representante de los alcaldes priistas del país, dijo que el fallo de la SCJN viene a confirmar la autonomía y solidez del máximo tribunal de México.

“De no haberse avalado el gravamen a los casinos, se afectaría a los municipios ya que esos recursos son destinados al rubro de seguridad”, expresó.

César Garza señaló que está muy complacido con la resolución de la Suprema Corte, que confirma la autonomía y la solidez del Máximo Tribunal de nuestro país, es una resolución basada en derecho, en una adecuada interpretación del orden Constitucional Mexicano, no solo eso, sino que confirman la integridad del Máximo Tribunal de nuestro país.

“Entonces hubiese sido una resolución ruinosa irrecuperable, por lo que el fallo de la corte se recibe con alegría, ellos escucharon las voces de los empresarios, de los representantes del Congreso, del Gobierno de Nuevo León, de los alcaldes, y su resolución nos deja muy complacidos, no solo por sus atinadas resoluciones jurídicas y constitucionales”, apuntó.

El alcalde de Apodaca reconoció que existía el temor de que interfirieran factores que alteraran la resolución, lo cual más allá de las consideraciones constitucionales, las repercusiones financieras que hubieran tenido para la administración pública tanto estatal como municipal en Nuevo León, en una materia tan sensible como la seguridad pública, serían devastadoras y ruinosas.

“Inclusive se hubiese podido dar la posibilidad de que se nos ordenara restituir cantidades recibidas o cobradas en ejercicios anteriores, es decir, lo puesto en vigencia desde enero del 2017, por lo que hubiese tenido que recurrir tres ejercicios anteriores con la posibilidad de restituir esos recursos”, consideró César Garza.