El Congreso local señaló que de aceptar el diálogo con el Gobierno del Estado, no entregaran le entregarán un cheque en blanco, porque la ley no se negocia, simplemente se cumple.
Los legisladores exigieron por medio de una publicación atención inmediata a diversas problemáticas que afectan la estabilidad y el desarrollo de la entidad, pero antes que nada pidieron respeto a la legalidad en el nombramiento del gobernador interino.
Cabe destacar que el diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo simplemente no ha avanzado.
"Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco, como legisladores demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población. La ley no se negocia, la ley se cumple".
"La situación política en el estado nos exigen a todos alzar la voz en defensa de la institucionalidad, la legalidad y el bienestar de la gente", señala el texto.
En torno a la designación del gobernador interino pidieron acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han señalado claramente que es el Congreso local el facultado para emitir la elección de la persona que deberá de suplir por seis meses a Samuel García Sepúlveda.
"No permitiremos interpretaciones legales, ni la manipulación engañosa a la opinión pública sobre lo que es un mandato legal y el respeto a la Constitución, el apego a la legalidad indispensable para la confianza ciudadana en las instituciones", exponen.
Para entablar el dialogo, los diputados manifestaron que el presupuesto para los municipios emanados del PRI y del PAN no deben de condicionarse porque les corresponden por ley.
Lo anterior al informar que las administraciones municipales no han recibido el fondo completo de los 2 mil 500 millones que les corresponde conforme a lo establecido en la Ley de Egresos.
"Los recursos son de la gente y no están en negociación, el Gobierno del Estado no los ha querido entregar, exigimos la entrega puntual de los recursos aprobados por el Congreso, la ciudadanía no puede seguir sufriendo las consecuencias de quien decidió abandonarla para buscar una candidatura presidencial".
Pidieron de nueva cuenta el cese del amedrantamiento que han sufrido integrantes de la oposición, a tal grado de acusar a la actual administración estatal de perseguir a gente inocente utilizando de manera facciosa las dependencias y recursos públicos para presionar, chantajear y condenar sin pruebas a quienes han criticado el actual del actual gobierno.
Además exigieron la solución a los problemas de seguridad, movilidad, contaminación y falta de agua.