El Congreso local recibió un fuerte revés jurídico luego de que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, recibió la suspensión definitiva para quedarse como encargado del despacho del Gobierno de Nuevo León.
El Juzgado Séptimo de Distrito de Reynosa, Tamaulipas, señala que la resolución se mantendrá mientras Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si la designación de Arturo Salinas como gobernador interino es constitucional.
"Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y por tanto se respete el ejercicio del encargo del despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León al quejoso como secretario general de Gobierno, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de sus competencias resuelvan en definitiva sobre el impedimento respectivo a bien determinen la forma en que deberán quedar las cosas, o en su caso que se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo.
"Se le impone la obligación al quejoso Javier Navarro, como encargado de despacho del Ejecutivo, a gestionarle el pago de los emolumentos inherentes al cargo de gobernador interino, por el máximo de la licencia del gobernador constitucional", destaca la información proporcionada.
Dentro de la resolución, el Juez federal señala que no se podrán realizar cualquier acto tendiente a molestar, impedir, obstaculizar o alterar el funcionamiento normal en las oficinas, inmuebles y direcciones que formen parte del Ejecutivo.
Por lo tanto, en este caso la Secretaría de Seguridad y Fuerza Civil deberán procurar el resguardo, cuidado, vigilancia y protección de los inmuebles donde se encuentran ubicadas las oficinas, dependencias, recintos oficiales, secretarías y demás organismos en general que formen parte del Ejecutivo.
Ante tal situación, deberán de impedir cualquier tipo de irrupción, ingreso o toma de dichos inmuebles por parte de cualquier corporación policiaca.
Lo anterior al saber que existen algunos municipios emanados del PRI y el PAN, lo cual pueden aprovechar sus policías municipales para actuar.
"Debido a que en el momento de la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino aún era magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el artículo 62 de la misma Constitución local establece que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona", señala el veredicto.
Dentro de la resolución se establece el artículo 132 de la Constitución de Nuevo León impide que cualquier servidor público del Poder Judicial puede tener cargo o empleo del gobierno, incluso teniendo licencia, por lo que Arturo Salinas no podía ocupar algún cargo dentro del Gobierno, lo que incluye ser gobernador interino del Estado.
"Es para desempeñar diversos cargos públicos o privados, es preservar ante todo y sobre todo la independencia judicial. Que incluso es tan grave la violación al impedimento referido por parte de Arturo Salinas, que el propio artículo 101 de la Constitución Federal prevé como sanción al que incurra en ese supuesto la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación", destaca el juez.